En los primeros meses del gobierno de Javier Milei, mientras el discurso oficial insistía en la necesidad de un ajuste severo bajo la consigna “no hay plata”, una decisión administrativa de la Cancillería comenzó a generar polémica. Se trata de la renovación de un contrato con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa para la capacitación en idioma inglés de empleados públicos, cuyo monto registró un incremento cercano al 400 por ciento en comparación con el acuerdo firmado el año anterior.
El dato no pasó inadvertido por un elemento adicional: al frente de esa entidad privada se encuentra María Josefina Rouillet, esposa de Federico Sturzenegger, actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Aunque al momento de la primera renovación el funcionario aún no ocupaba formalmente ese cargo, ya era una figura visible del espacio libertario y uno de los principales impulsores del achicamiento del sector público.
El 27 de febrero de 2024, bajo la gestión de la entonces canciller Diana Mondino, se suscribió un convenio por 55,3 millones de pesos para continuar con las capacitaciones. El monto representó un incremento del 398 por ciento respecto del contrato firmado en marzo de 2023, durante la presidencia de Alberto Fernández, que había sido de 11 millones. En el mismo período, la inflación acumulada fue considerablemente menor, lo que abrió interrogantes sobre la razonabilidad del acuerdo.
Meses más tarde, ya con Sturzenegger en funciones, se formalizó una adjudicación directa —sin licitación pública— por 114 millones de pesos para capacitar a 132 empleados estatales. Desde ámbitos cercanos a los organismos intervinientes argumentaron que el instituto era el único en condiciones de brindar ese tipo de formación específica y que el convenio original se remonta a 2018. También señalaron que, en el último proceso, se habría solicitado la intervención de la Oficina Anticorrupción para emitir un dictamen.
Sin embargo, la decisión volvió a poner en discusión la coherencia entre el discurso oficial de austeridad y ciertas contrataciones del Estado. La controversia se profundiza en un contexto en el que el propio Sturzenegger enfrenta cuestionamientos dentro del arco político, incluso entre aliados, por algunos aspectos de la reforma laboral que impulsó y que debieron ser modificados ante el rechazo generado.
A esto se suma otra contratación reciente: el alquiler de cuatro pisos y 24 cocheras en el centro porteño por 720 millones de pesos, más gastos operativos adicionales, para el funcionamiento de su cartera.
El debate, entonces, no sólo gira en torno a los números, sino también a los criterios de transparencia, prioridades presupuestarias y eventuales conflictos de interés en una administración que hizo de la reducción del gasto público su principal bandera.