La situación de unas 20 familias vinculadas a una fábrica procesadora de nueces de Sanagasta generó una fuerte preocupación y derivó en un pedido de intervención urgente para garantizar sus derechos laborales y su sustento económico. Las trabajadoras denuncian que las instalaciones fueron vaciadas y que la empresa no habría cumplido con las obligaciones salariales e indemnizatorias correspondientes.

El conflicto tiene como protagonista a la firma vinculada con el empresario Luis Giordano, señalado por las empleadas como responsable del retiro de la mercadería y de la producción que permanecía en el establecimiento. Según la denuncia del colectivo de trabajadoras, el propio socio gerente habría reconocido, durante una reunión en la que participaron representantes de la Secretaría de Trabajo, el intendente municipal, la abogada patrocinante y empleados, que las instalaciones habían sido vaciadas.

De acuerdo con la presentación, el traslado se habría realizado durante el feriado religioso de la Virgen India, cuando un transporte retiró el stock de nueces procesadas con destino a la provincia de Buenos Aires. Las trabajadoras sostienen que esta maniobra profundizó la incertidumbre sobre el futuro de la actividad y sobre las posibilidades de cobrar los montos que les corresponderían por la finalización de la relación laboral.

La abogada que representa a las afectadas, Ivana Cattáneo, advirtió sobre la posible gravedad jurídica de los hechos. Según su planteo, el retiro de los bienes podría ser analizado bajo las figuras de vaciamiento de empresa e insolvencia fraudulenta, contempladas en el artículo 173, inciso 5, del Código Penal, siempre que se acrediten los elementos exigidos por la legislación.

Otro de los puntos centrales del reclamo está relacionado con la propuesta económica que habría realizado el empresario. Según las trabajadoras, se les ofreció pagar solamente el 25 por ciento del monto total reclamado, mediante cuotas. La propuesta fue cuestionada por considerarla insuficiente frente a las obligaciones pendientes y a la situación económica que atraviesan las familias.

Informalidad laboral y falta de cobertura médica

La preocupación se agrava por las condiciones en las que, según las denuncias, se desempeñaba el personal. Las trabajadoras aseguran que cumplían sus tareas sin estar debidamente registradas, una situación que habría impedido contar con aportes patronales y cobertura de obra social.

Esta falta de protección afecta especialmente a los hogares con niños y a las mujeres que necesitan atención médica durante el embarazo o después del parto. En ese contexto, las familias advierten que la pérdida de sus ingresos se combina con dificultades para acceder a prestaciones básicas de salud.

Las representantes del personal también plantearon que el caso debe abordarse desde una perspectiva de género, al considerar que la precarización laboral y la pérdida de ingresos afectan de manera particular a las mujeres trabajadoras y a sus grupos familiares. Por ese motivo, anunciaron que solicitarán la intervención de la Secretaría de la Mujer y Diversidad de La Rioja, encabezada por Karen Navarro, para que se evalúen medidas de asistencia y protección.

Reclamo al Gobierno provincial

El conflicto también llegó al ámbito político. Las trabajadoras reclamaron la intervención del gobernador Ricardo Quintela para garantizar acompañamiento a las 20 familias afectadas y promover una respuesta institucional ante la situación.

Además, las delegadas señalaron que Giordano tendría vínculos laborales con organismos gubernamentales y solicitaron que se evalúe su continuidad en el cargo, al considerar que los hechos denunciados podrían entrar en conflicto con las obligaciones de ética pública. Este planteo deberá ser examinado por las autoridades competentes a partir de la información y los antecedentes correspondientes.

Las trabajadoras también cuestionaron que, durante anteriores visitas oficiales al establecimiento, no se hubiera visibilizado la situación de precariedad laboral, los presuntos atrasos salariales y la falta de registración del personal.

Mientras esperan respuestas, las familias se declararon en asamblea permanente y mantienen una vigilia para reclamar soluciones. La atención está puesta en una audiencia prevista para este miércoles a las 9.30, considerada clave para conocer los próximos pasos y las posibles medidas destinadas a resolver el conflicto.

El reclamo en Sanagasta pone en primer plano la incertidumbre de 20 familias que buscan preservar sus derechos, recuperar los ingresos adeudados y obtener garantías para afrontar las necesidades más urgentes. La evolución de las actuaciones administrativas y judiciales será determinante para establecer las responsabilidades correspondientes y definir cómo continuará el reclamo laboral.