La jornada legislativa dejó al descubierto una nueva muestra de las tensiones que atraviesan al oficialismo y abrió un nuevo capítulo en la compleja relación entre la Casa Rosada y el Senado. Tras extensas negociaciones, cambios de último momento y fuertes cruces entre distintos sectores políticos, la Cámara Alta aprobó 74 pliegos judiciales que contaban con dictamen favorable, incluyendo uno de los nombramientos que el presidente Javier Milei buscaba excluir del debate.
La atención estuvo centrada en la candidatura de Verónica Michelli para ocupar un cargo judicial en La Plata. Su pliego terminó siendo aprobado por una amplia mayoría, con 44 votos afirmativos, 18 negativos y dos abstenciones. El resultado fue interpretado por distintos sectores políticos como un revés para la estrategia impulsada por el Poder Ejecutivo, que pretendía frenar su tratamiento.
La discusión no estuvo exenta de polémicas. Durante los días previos, habían surgido diferencias dentro del propio oficialismo respecto de cuáles pliegos debían llegar al recinto. Lo que inicialmente iba a ser una lista reducida de candidatos fue ampliándose progresivamente hasta alcanzar los 74 nombramientos finalmente votados. Ese cambio generó cuestionamientos de distintos bloques, cuyos representantes denunciaron alteraciones en los acuerdos alcanzados durante las reuniones parlamentarias previas.
En medio de ese escenario, la figura de Michelli se convirtió en el eje de una disputa política más amplia. Mientras algunos sectores sostuvieron que la controversia se relacionaba con vínculos familiares de la candidata con una figura del periodismo nacional, otros interpretaron que detrás de la resistencia existían diferencias políticas y disputas por la influencia dentro del Poder Judicial.
Las internas dentro del espacio gobernante también quedaron expuestas. Distintos sectores vinculados al oficialismo protagonizaron desacuerdos sobre varios de los nombres propuestos para ocupar cargos judiciales. Esas diferencias reflejaron la existencia de distintas corrientes de poder que buscan incidir en la conformación de tribunales y fiscalías en diferentes puntos del país.
La sesión estuvo marcada por interrupciones, reclamos y negociaciones permanentes. Legisladores de la oposición cuestionaron los cambios realizados sobre la marcha y reclamaron el cumplimiento de los acuerdos previamente establecidos. Incluso hubo críticas provenientes de sectores habitualmente cercanos al Gobierno, evidenciando el nivel de tensión que rodeó el debate.
Finalmente, luego de un cuarto intermedio y nuevas conversaciones entre los bloques, el Senado alcanzó los consensos necesarios para avanzar con la totalidad de los nombramientos. Además del caso que concentró la atención pública, se aprobaron designaciones para jueces, fiscales, defensores y conjueces federales y nacionales en distintas jurisdicciones del país, con el objetivo de cubrir vacantes en fueros civiles, penales, comerciales, económicos y de seguridad social.
Desde el Gobierno, pese a las diferencias generadas durante el proceso, destacaron la aprobación de los pliegos como un paso importante para fortalecer el funcionamiento del sistema judicial y avanzar en la cobertura de cargos que permanecían vacantes desde hace tiempo.
Sin embargo, más allá de los resultados finales, la sesión dejó en evidencia las dificultades que enfrenta el oficialismo para ordenar sus propios acuerdos internos. Las disputas entre distintos sectores del poder político continúan marcando la agenda y reflejan una dinámica cada vez más compleja dentro del escenario nacional, donde cada votación importante se transforma en una prueba de equilibrio y negociación.
