La discusión por la soberanía tecnológica argentina sumó un nuevo capítulo luego de que la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada, CALF, denunciara ante el Congreso presuntas presiones de la Embajada de Estados Unidos para que abandonara sus acuerdos comerciales y tecnológicos con la empresa china Huawei.
La presentación generó un fuerte debate político y puso nuevamente en el centro de la escena la disputa tecnológica entre Washington y Beijing. Según los representantes de la cooperativa, funcionarios de la embajada estadounidense se comunicaron directamente con integrantes de la entidad y expresaron su rechazo a los proyectos que contemplan la participación de Huawei en el desarrollo de infraestructura tecnológica en la zona de Vaca Muerta.
Uno de los principales denunciantes fue Sergio Fernández Novoa, gerente de Tecnologías de la Información y la Comunicación de CALF. El dirigente relató que recibió mensajes de un funcionario que se presentó como agregado comercial de la embajada estadounidense. En esas comunicaciones, según explicó, se manifestó preocupación por el vínculo con Huawei y posteriormente se habría advertido que los directivos de la cooperativa podrían sufrir el retiro de sus visas para ingresar a Estados Unidos si avanzaban con los proyectos previstos.
La cooperativa sostiene que ese tipo de intervención constituye una intromisión en su autonomía y cuestionó la falta de una respuesta inmediata por parte del Gobierno argentino. Sus autoridades aseguraron que recurrieron al Congreso precisamente para encontrar un ámbito institucional donde plantear la situación y defender la capacidad de decisión de una entidad argentina.
Fernández Novoa remarcó que CALF no mantiene una relación exclusiva con Huawei, sino que trabaja con compañías de diferentes países de acuerdo con criterios comerciales, técnicos y financieros. En ese sentido, defendió la posibilidad de elegir la tecnología que resulte más conveniente para cada proyecto.
El dirigente también explicó que la cooperativa pretende avanzar con la instalación de un data center y con una red de fibra óptica vinculada al desarrollo energético de Vaca Muerta. Además, proyecta construir parques solares y destinar parte de esa generación eléctrica al funcionamiento de centros de almacenamiento y procesamiento de datos.
La discusión adquirió una dimensión mayor al abordar el concepto de soberanía digital. Desde CALF se planteó que una parte significativa de los datos argentinos se almacena actualmente en infraestructura tecnológica ubicada fuera del país. Por eso, la cooperativa sostiene que el desarrollo de centros de datos propios resulta estratégico en un contexto marcado por el crecimiento de la inteligencia artificial.
El conflicto también provocó movimientos dentro del Congreso. Durante la reunión de la comisión legislativa que recibió a los representantes de CALF, varios diputados cuestionaron la actitud de Estados Unidos y reclamaron una mayor defensa de la soberanía nacional. En medio de esas discusiones, legisladores del oficialismo libertario abandonaron la reunión.
A partir de lo ocurrido, comenzó a tomar fuerza la posibilidad de convocar al embajador estadounidense para que explique ante el Congreso las circunstancias que rodearon las comunicaciones con la cooperativa neuquina.
La controversia sumó además una reacción de China. La representación diplomática de ese país cuestionó las presiones vinculadas con Huawei y acusó a Estados Unidos de utilizar argumentos de seguridad nacional y restricciones migratorias para limitar la participación de empresas chinas en terceros países.
Así, el caso CALF dejó de ser solamente una disputa comercial. La discusión pasó a involucrar cuestiones vinculadas con la autonomía de las cooperativas, la seguridad de los datos, el desarrollo de infraestructura tecnológica y el lugar que Argentina pretende ocupar en una creciente competencia internacional por el control de tecnologías estratégicas.
Mientras avanzan los reclamos políticos y las explicaciones diplomáticas, la cooperativa neuquina mantiene su postura: sostiene que la soberanía tecnológica no se alcanza únicamente mediante discursos o leyes, sino también mediante infraestructura propia, capacidad de almacenamiento de datos y libertad para decidir con qué empresas y tecnologías desarrollar el futuro digital del país.