Apenas transcurrió el primer mes de gobierno de Keiko Fujimori en Perú y una polémica comenzó a poner bajo presión a la presidenta. El centro del escándalo es Damián Valenzuela, un abogado y empresario argentino de 51 años, nacido en Tucumán, que habría tenido un papel reservado pero significativo durante la campaña electoral y que, según distintas investigaciones, habría mantenido una relación cercana con la mandataria.
Valenzuela se presenta como un especialista en inversiones y promotor de grandes negocios. Sin embargo, sobre su trayectoria pesan denuncias y procesos judiciales vinculados con presuntos fraudes en distintos países. La aparición pública de estos antecedentes generó cuestionamientos no solamente por la situación judicial del empresario, sino también por el supuesto nivel de influencia que habría alcanzado dentro del entorno presidencial.
Fujimori reconoció que Valenzuela fue uno de sus asesores durante la campaña y lo definió públicamente como un amigo. Sin embargo, evitó profundizar sobre las denuncias que pesan sobre el empresario, su eventual participación en las decisiones del nuevo gobierno y las razones por las que su presencia dentro del círculo presidencial se mantuvo prácticamente en secreto.
Uno de los episodios que permitió conocer la estrecha relación entre ambos ocurrió el 11 de julio, pocos días antes de la asunción presidencial. Fujimori y Valenzuela fueron vistos en un reconocido spa de Lima. De acuerdo con testimonios y registros fotográficos, la entonces presidenta electa llegó primero al establecimiento y, posteriormente, su vehículo regresó con el empresario argentino. Ambos permanecieron allí durante aproximadamente dos horas y abandonaron el lugar por separado.
El encuentro incluyó tratamientos exclusivos, masajes, sauna y otros servicios destinados a clientes especiales. Según testimonios recogidos durante la investigación, no habría sido una reunión aislada. Fujimori y Valenzuela habrían coincidido en ese mismo establecimiento en al menos otras tres oportunidades.
Para mantener su identidad en reserva, el empresario era mencionado como “Gerardo” en determinados ámbitos vinculados con la campaña. Esa situación alimentó todavía más las dudas sobre el verdadero papel que desempeñaba y el grado de confianza que mantenía con la actual presidenta.
Pero el aspecto que generó mayor preocupación no está relacionado con una eventual relación sentimental, cuestión que Fujimori negó, sino con los antecedentes empresariales de Valenzuela. Documentación judicial señala que enfrenta cinco denuncias por fraude en Florida, Estados Unidos, relacionadas con operaciones de inversión realizadas a través de la empresa Latin American Invest.
Los casos involucran a clientes que habrían entregado importantes sumas de dinero con la expectativa de obtener elevados rendimientos. Según los expedientes, algunas de esas inversiones no cumplieron con lo prometido y los denunciantes reclamaron la devolución de sus fondos. En tres procesos ya existirían sentencias que obligan a Valenzuela a pagar, en conjunto, más de 13 millones de dólares. Otros dos reclamos, por aproximadamente cinco millones de dólares, continuarían en trámite.
También aparecen antecedentes en Argentina y Uruguay. En 2017, una empresaria argentina inició una demanda contra Stonex, compañía presidida por Valenzuela, por una inversión de 8,1 millones de pesos que, según la denuncia, no habría generado las ganancias prometidas. La Justicia falló a favor de la demandante. En Uruguay, en tanto, el Banco Central retiró en 2024 la autorización para operar de Banfisol, otra empresa vinculada con el empresario, después de cuestionar información presentada ante el organismo.
Valenzuela rechazó las acusaciones y sostuvo que no puede ser considerado un estafador porque no posee una condena penal por ese delito. Sin embargo, los cuestionamientos apuntan precisamente a la existencia de procesos y decisiones judiciales en el ámbito civil relacionados con operaciones financieras.
La controversia también alcanzó a otros asesores extranjeros vinculados con Fujimori. Entre ellos aparece Carlos Díaz-Rosillo, quien tuvo un papel importante durante la campaña y actualmente ocupa un cargo académico en Estados Unidos. Díaz-Rosillo manifestó públicamente su respaldo a Valenzuela y reconoció su vínculo personal con él.
A esto se suma otra polémica relacionada con Fernando Ceremido, consultor argentino señalado por su participación en estrategias de campañas políticas y operaciones de desinformación en distintos países de la región. Su relación con sectores cercanos al entorno de Fujimori también comenzó a generar interrogantes.
Así, el nuevo gobierno peruano enfrenta sus primeras semanas con preguntas incómodas sobre la influencia de asesores que operaron detrás de escena. La discusión ya no gira solamente en torno a quiénes acompañaron a Fujimori durante su campaña, sino a quiénes tienen acceso privilegiado a la presidenta y qué lugar ocupan dentro de la estructura de poder. La presencia de empresarios y consultores cuestionados amenaza con convertirse en uno de los primeros grandes focos de conflicto de la nueva administración.