La Justicia federal dio a conocer una sentencia que vuelve a poner en el centro del debate público el impacto del discurso político y sus derivaciones más extremas. En el fallo que condenó a los responsables del intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido en septiembre de 2022, los jueces concluyeron que el odio sostenido en el discurso político fue un factor determinante para que el ataque llegara a concretarse. La resolución no solo fijó penas, sino que también dejó una advertencia clara sobre los riesgos que ese clima representa para la convivencia democrática.
El tribunal condenó a Fernando Sabag Montiel a diez años de prisión por el atentado, pena que fue unificada en catorce años debido a antecedentes penales previos. Su entonces pareja, Brenda Uliarte, recibió una condena de ocho años. Más allá de las cifras, el fallo se destacó por la profundidad de sus fundamentos, que superan las quinientas páginas y analizan el contexto social y político en el que se produjo el ataque.
La jueza Sabrina Namer, quien encabezó la redacción de la sentencia, sostuvo que el atentado no puede entenderse como un hecho aislado ni como una acción impulsiva. Según el tribunal, ocurrió en un escenario atravesado por la violencia política y por discursos de odio reiterados en el tiempo. En ese marco, los magistrados consideraron que ese clima funcionó como una “causal necesaria” para que los acusados pasaran de las palabras a la acción.
Uno de los ejes centrales del fallo fue la construcción de un “enemigo común”, alimentada desde distintos ámbitos, como redes sociales y espacios mediáticos. De acuerdo con la sentencia, esa narrativa contribuyó a legitimar la violencia y llevó a los responsables a percibir el ataque como un acto justificado. Sin embargo, los jueces descartaron que el móvil principal haya sido la violencia de género, aunque reconocieron expresiones hostiles hacia la víctima por su condición de mujer. El foco, señalaron, estuvo puesto en el odio político.
La jueza Namer también expresó su preocupación por la persistencia de la teoría del “autoatentado”, que aún circula en sectores de la sociedad. Indicó que, pese a la existencia de pruebas contundentes, registros audiovisuales, confesiones y un juicio transmitido públicamente, todavía hay quienes niegan lo ocurrido. Para la magistrada, esa negación impide abordar un problema más profundo.
Durante el proceso judicial, explicó, se discutieron cuestiones que exceden el hecho puntual: la grieta política, el rol de los medios de comunicación, la influencia de las redes sociales y la crisis de confianza en las instituciones. “Se habló de un disparo que no salió, pero que pudo haber salido”, remarcó, al recordar que el arma estaba cargada y fue gatillada a centímetros de la cabeza de la ex presidenta, ante la presencia de militantes y opositores.
El fallo concluyó con un llamado de atención a la sociedad. La Justicia advirtió que minimizar lo ocurrido o mirar hacia otro lado solo profundiza los riesgos. El odio en el discurso público, señalaron los jueces, facilita el paso a la violencia concreta y pone en peligro la paz social. En ese sentido, la sentencia cerró con una defensa explícita de la democracia como el camino indispensable para canalizar diferencias y conflictos, y volvió a ubicar en primer plano la responsabilidad colectiva frente a las palabras que circulan en el debate político.