La calle volverá a convertirse esta semana en el escenario central del malestar social frente al rumbo económico del Gobierno de Javier Milei. Jubilados, trabajadores, estudiantes, docentes, empresarios PyMEs y familias endeudadas protagonizarán distintas movilizaciones para reclamar por la pérdida de ingresos, el deterioro del consumo, el ajuste presupuestario y una situación económica que, según los sectores convocantes, resulta cada vez más difícil de sostener.

Uno de los principales reclamos estará relacionado con el crecimiento del endeudamiento de los hogares. De acuerdo con datos del Banco Central, alrededor de 5,8 millones de personas presentan créditos impagos o atrasos graves. El fenómeno alcanza a familias que recurren al crédito para afrontar gastos esenciales como alimentos, alquiler, servicios y medicamentos.

Las organizaciones sindicales sostienen que el endeudamiento dejó de ser un problema individual para convertirse en una consecuencia de la situación económica. La combinación de ingresos insuficientes, aumento del costo de vida y dificultades para acceder al crédito tradicional llevó a muchas familias a utilizar tarjetas, préstamos y plataformas financieras para cubrir necesidades básicas.

En ese contexto, la CGT, las dos CTA, la UTEP y distintas organizaciones sociales realizarán este jueves una movilización hacia el Ministerio de Economía. La concentración comenzará a las 14 y tendrá como eje el reclamo contra lo que califican como un “ahogo cotidiano” de los hogares argentinos.

Ese mismo día, pero durante la mañana, las pequeñas y medianas empresas también tendrán su propio capítulo de protesta. Desde las 9, representantes del sector se concentrarán frente a la Casa Rosada para advertir sobre la caída de la actividad y reclamar medidas de emergencia.

Las entidades convocantes denuncian un fuerte deterioro del mercado interno y aseguran que decenas de miles de unidades productivas dejaron de funcionar. En ese marco, reclaman una Ley de Emergencia PyME que permita evitar nuevos cierres y sostener el empleo.

El panorama se completa con la protesta universitaria. Docentes y estudiantes profundizarán durante la semana las medidas para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Habrá paro nacional, actividades de visibilización y movilizaciones, mientras el sector reclama una recomposición salarial, el pago de retroactivos y mayores recursos para becas y hospitales universitarios.

El miércoles será también el turno de los jubilados. Como ocurre cada semana, pensionados y organizaciones sociales se concentrarán en las inmediaciones del Congreso para reclamar una mejora de los haberes y mayor cobertura para medicamentos. El conflicto previsional estará nuevamente acompañado por un fuerte operativo policial.

De esta manera, distintos sectores confluirán en las calles con reclamos diferentes, pero atravesados por una misma preocupación: la pérdida de capacidad económica para afrontar las necesidades cotidianas.

El calendario de protestas continuará durante las próximas semanas con nuevas movilizaciones sindicales y multisectoriales. Mientras algunos sectores reclaman una profundización del plan de lucha y un nuevo paro general, el Gobierno mantiene su programa de ajuste y reducción del gasto público.

La semana, entonces, funcionará como una fotografía del clima social. Jubilados que no llegan a fin de mes, familias que recurren al crédito para comprar alimentos, universidades que reclaman financiamiento y pequeñas empresas que advierten sobre el cierre de establecimientos forman parte de un mismo escenario económico.

La pregunta que queda planteada es cuánto tiempo podrá mantenerse este nivel de tensión sin que las protestas sectoriales terminen confluyendo en una movilización social de mayor alcance.