La comunidad universitaria argentina vuelve a profundizar sus medidas de protesta ante la falta de acuerdo entre el Gobierno nacional, los gremios docentes y no docentes y las autoridades de las universidades públicas. El conflicto, que tiene como uno de sus principales ejes la recomposición salarial, sumará nuevas jornadas de paro y una nueva Marcha Federal Universitaria prevista para el próximo 15 de octubre.
La decisión se conoció después de una nueva instancia de negociación paritaria en la que el Gobierno mantuvo una propuesta de incremento salarial del 3 por ciento. Los sindicatos universitarios consideran insuficiente ese porcentaje frente al deterioro acumulado de los ingresos y reclaman una recomposición superior al 30 por ciento para recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años.
En este contexto, los gremios de la Universidad de Buenos Aires anunciaron un esquema de 23 días de paro escalonado, con una jornada de huelga por cada facultad y dependencia. La medida comenzará el lunes 21 de septiembre en el Rectorado y finalizará el jueves 22 de octubre en el Hospital de Clínicas.
El conflicto salarial se encuentra además vinculado con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso Nacional y posteriormente ratificada frente al veto presidencial. La normativa establece mecanismos destinados a garantizar recursos para las universidades y contempla medidas relacionadas con salarios y gastos de funcionamiento.
Desde el ámbito universitario también cuestionan el cumplimiento de algunas de esas disposiciones y sostienen que todavía existen obligaciones pendientes por parte del Estado nacional.
A la discusión salarial se suma ahora otra preocupación: el presupuesto previsto para las universidades durante 2027. De acuerdo con los cálculos de las autoridades universitarias, el proyecto contempla alrededor de 7,3 billones de pesos para todo el sistema, mientras que las universidades estiman que necesitarían cerca de 11 billones para afrontar sus gastos y sostener sus actividades.
La diferencia entre ambas cifras genera preocupación entre los rectores, que advierten que una eventual insuficiencia presupuestaria podría afectar distintos programas y servicios universitarios. Entre ellos se encuentran las actividades académicas, científicas, tecnológicas, sanitarias y de extensión que desarrollan las instituciones públicas.
Frente a este escenario, las autoridades universitarias comenzaron a intensificar el contacto con legisladores nacionales. El objetivo es plantear sus reclamos durante el debate del Presupuesto 2027 y buscar modificaciones que permitan garantizar los recursos considerados necesarios para el funcionamiento de las casas de altos estudios.
También se prevén reuniones con representantes de las distintas provincias y, posteriormente, con gobernadores, en el marco de la discusión parlamentaria.
La nueva movilización federal será la quinta gran marcha universitaria convocada durante el conflicto generado alrededor del financiamiento de la educación superior. Rectores, docentes, trabajadores y estudiantes prevén volver a concentrarse para reclamar el cumplimiento de la legislación vigente y una mayor previsibilidad presupuestaria.
Mientras tanto, el conflicto permanece abierto y las posiciones continúan alejadas. El Gobierno sostiene su esquema de actualización salarial, mientras que el sector universitario reclama una recomposición mayor y recursos suficientes para garantizar el funcionamiento de las instituciones.
Con más de 20 jornadas de protesta acumuladas y nuevas medidas previstas para las próximas semanas, las universidades públicas vuelven a quedar en el centro de una discusión que combina salarios, presupuesto, educación, investigación y el futuro del sistema de educación superior en Argentina.