La Justicia de La Rioja enfrenta un escenario de creciente complejidad en el abordaje de los casos de violencia de género. La elevada cantidad de denuncias, la falta de recursos suficientes y un sistema que actualmente aplica procedimientos similares a hechos de distinta gravedad generan una importante sobrecarga en los juzgados especializados.

La jueza de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N.º 2, Gisela Flamini, describió la situación como preocupante y destacó la magnitud del trabajo que afronta diariamente el fuero. Según detalló, durante un semestre su juzgado recibe aproximadamente entre 700 y 800 denuncias y emite más de 2.000 resoluciones.

Uno de los principales inconvenientes señalados está relacionado con la forma en que se procesan las causas. Actualmente, hechos de características muy diferentes pueden atravesar procedimientos similares. Una amenaza, unas lesiones, un abuso sexual o un caso de extrema gravedad requieren respuestas distintas, pero el sistema no siempre cuenta con mecanismos suficientes para establecer esas diferencias desde el comienzo.

Para la magistrada, esta situación genera una importante carga burocrática y dificulta la posibilidad de concentrar los recursos en aquellos casos donde existe un mayor nivel de riesgo para las víctimas. El problema, según explicó, no se resolvería solamente incorporando más empleados, sino modificando la estructura y los mecanismos de funcionamiento judicial.

En ese sentido, la implementación de un nuevo sistema judicial, prevista para mayo del próximo año luego de una prórroga, aparece como una posible herramienta para mejorar la atención. El nuevo esquema contempla diferentes vías de respuesta y filtros de acuerdo con la gravedad de cada delito, lo que permitiría evitar que una amenaza reciba exactamente el mismo tratamiento que una situación de abuso sexual o violencia extrema.

Otro punto de preocupación está relacionado con las mujeres que deciden retirar o desistir de sus denuncias. Esta situación se presenta con frecuencia y, de acuerdo con la experiencia judicial, puede estar vinculada con la dependencia económica, especialmente cuando existen hijos en común o la víctima continúa viviendo con el agresor.

En esos casos, el pedido de desistimiento no se acepta automáticamente. Se realiza una evaluación psicológica destinada a determinar si la decisión es realmente voluntaria o si existen amenazas, presiones, intimidaciones o situaciones de violencia que condicionen a la víctima.

Las medidas de protección también dependen de las características de cada expediente. Entre las herramientas disponibles se encuentran la exclusión del hogar y la prohibición de acercamiento. Cuando existe además un delito, como lesiones o desobediencia a una orden judicial, puede disponerse la detención del acusado.

La desobediencia a las medidas de protección constituye otro de los problemas frecuentes. Entre los delitos que más llegan a estos tribunales aparecen el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, el impedimento, las amenazas y las lesiones, seguidos por las desobediencias a la autoridad y los abusos sexuales.

La magnitud del trabajo también queda reflejada en las detenciones. Durante cada turno judicial, que se extiende por 15 días, suelen registrarse entre ocho y once personas detenidas en el marco de las causas tramitadas.

La situación presenta además diferencias entre la capital y el interior provincial. Allí existe preocupación por un posible subregistro, debido a que muchas situaciones de violencia no llegan a ser denunciadas. Por eso, se considera necesario reforzar la capacitación, el asesoramiento y el acompañamiento en los distintos departamentos.

En los casos de abuso sexual, el procedimiento contempla protocolos específicos que comienzan con la atención médica y la búsqueda de evidencia física y científica. Luego intervienen equipos interdisciplinarios, con profesionales de áreas como psicología y trabajo social.

El desafío central para la Justicia riojana consiste en avanzar hacia un sistema capaz de diferenciar rápidamente los niveles de gravedad y riesgo. Una respuesta más eficiente permitiría reducir la burocracia, aprovechar mejor los recursos disponibles y, fundamentalmente, brindar protección oportuna a quienes se encuentran atravesando situaciones de violencia.