En el marco del reciente debate legislativo, el diputado Gino Visconti se refirió a la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa que generó amplio debate público y político en todo el país. La norma fue sancionada en la Cámara de Diputados con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, consolidando una modificación significativa sobre el régimen vigente desde 2010.
Durante sus declaraciones, el legislador sostuvo que existe una fuerte desinformación en torno a los alcances de la ley. En ese sentido, remarcó que uno de los objetivos centrales de la reforma es aclarar definiciones que, según explicó, habían generado confusión y obstaculizado proyectos productivos que no implicaban riesgos ambientales concretos.
Visconti fue categórico al rechazar una de las críticas más difundidas en torno a la normativa: la posibilidad de habilitar la actividad minera en zonas glaciares. Según afirmó, esta interpretación es incorrecta, ya que la protección sobre los glaciares continúa plenamente vigente y no forma parte de los cambios introducidos.
El diputado explicó que la modificación apunta a establecer criterios más precisos en la delimitación de áreas protegidas, lo que permitiría diferenciar con mayor claridad entre zonas sensibles desde el punto de vista ambiental y otras donde podrían desarrollarse actividades económicas bajo controles adecuados. De acuerdo a su mirada, la legislación anterior contenía ambigüedades que derivaban en restricciones generalizadas, incluso en regiones donde no existía impacto sobre recursos estratégicos como el agua.
En este nuevo esquema, destacó la incorporación de herramientas técnicas más rigurosas, como mapas actualizados y evaluaciones ambientales específicas, que permitirían una protección más efectiva de los glaciares, considerados reservas clave de agua dulce. A su vez, subrayó que la normativa no implica una apertura indiscriminada de actividades, sino una regulación más focalizada y basada en evidencia.
Otro de los puntos que el legislador resaltó fue el rol de las provincias en la implementación de la ley. En línea con una visión federal, sostuvo que los gobiernos provinciales tendrán mayor protagonismo en la evaluación y control de los proyectos, al ser quienes mejor conocen las particularidades de sus territorios y sus economías regionales.
En ese contexto, cuestionó posturas centralistas en la toma de decisiones y planteó la necesidad de avanzar hacia un modelo que contemple las realidades locales. Según indicó, la reforma busca no solo mejorar los mecanismos de protección ambiental, sino también generar condiciones de previsibilidad que favorezcan la llegada de inversiones.
Finalmente, Visconti planteó que el desafío actual no pasa por oponer desarrollo y ambiente, sino por encontrar un equilibrio entre ambos. Desde su perspectiva, la nueva legislación se orienta a promover un modelo de crecimiento que combine generación de empleo, aprovechamiento de recursos y resguardo ambiental, en un contexto donde el país necesita dinamizar su economía sin descuidar sus activos naturales estratégicos.