El Gobierno llega al Senado con el escenario prácticamente despejado para avanzar con la reforma laboral, luego de semanas de negociaciones intensas con gobernadores y sectores sindicales. La iniciativa, que será tratada desde las 11 en la Cámara alta, sufrió alrededor de 28 modificaciones, según anunció la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien aseguró haber alcanzado acuerdos con 44 senadores.
El dato político más significativo es la exclusión del artículo que modificaba el Impuesto a las Ganancias, un punto que había generado fuerte resistencia en las provincias por su impacto en la coparticipación. Finalmente, el oficialismo decidió postergar ese debate hasta la elaboración de una reforma fiscal integral que contemple los niveles nacional, provincial y municipal. La decisión marca una clara concesión a los mandatarios provinciales, que habían presionado para retirar ese apartado del texto.
Además de Ganancias, el proyecto incorpora cambios solicitados por la CGT y otros bloques dialoguistas. Uno de los ejes modificados es el Fondo de Asistencia Laboral (FaL), destinado a cubrir costos de desvinculación. La contribución patronal será diferenciada: las grandes empresas aportarán un 1 por ciento mensual, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas deberán contribuir con un 2,5 por ciento. Esos porcentajes podrán incrementarse con aval del Congreso. También se establece una reducción en las contribuciones patronales a la Seguridad Social, con beneficios más amplios para las pymes.
Otro punto relevante es la forma de pago de salarios. La propuesta original habilitaba el uso de billeteras virtuales, pero el texto final dispone que las remuneraciones deberán abonarse exclusivamente a través de entidades bancarias. En cuanto a la ultraactividad de los convenios colectivos, el oficialismo no introdujo cambios: se derogarán estatutos profesionales, aunque se otorgará un plazo de 180 días para su adecuación.
El proyecto también contempla el traspaso de la Justicia Laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, sujeto a la aprobación del acuerdo correspondiente y a la transferencia de recursos necesarios para su funcionamiento. En materia judicial, se habilita el pago en cuotas de sentencias condenatorias: hasta seis cuotas para grandes empresas y hasta doce para pymes.
En el poroteo legislativo, el oficialismo suma apoyos de bloques provinciales, aliados habituales y parte del radicalismo, lo que le permitiría alcanzar cerca de 44 votos y asegurar la aprobación en general. Sectores del peronismo federal anticipan posiciones divididas, mientras que el bloque Justicialista y otros espacios opositores ya confirmaron su rechazo.
Si obtiene media sanción, la reforma pasará a Diputados, donde el Gobierno podría extender las sesiones extraordinarias para acelerar su tratamiento. Todo indica que la sesión transcurrirá con mayoría oficialista consolidada, aunque desde la oposición anticipan maniobras y debates intensos. La reforma laboral, considerada estratégica para el modelo económico del Ejecutivo, está a un paso de superar su primer gran examen legislativo.
