El exjefe de Gabinete Manuel Adorni atraviesa horas decisivas en la investigación judicial que busca determinar el origen y la evolución de su patrimonio. Este miércoles vence el plazo establecido para que presente ante la Justicia la documentación destinada a explicar una serie de inconsistencias detectadas en sus declaraciones y movimientos económicos.

El expediente, que investiga un presunto enriquecimiento ilícito, pone el foco principalmente en una diferencia de más de 43 millones de pesos entre los ingresos y los gastos registrados por el grupo familiar durante el período en el que Adorni se desempeñó como funcionario del Gobierno nacional. A esto se suma el origen de pagos y adquisiciones por más de 400 mil dólares, realizados en distintos conceptos.

La investigación está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, quien el pasado 10 de agosto presentó un requerimiento con veinte preguntas destinadas a esclarecer las inconsistencias encontradas en la evolución patrimonial del exfuncionario. Las respuestas y la documentación que pueda aportar serán determinantes para establecer los próximos pasos del expediente. Una de las posibilidades es que, una vez analizada la información, el fiscal decida si corresponde citar a Adorni a prestar declaración indagatoria.

Uno de los aspectos que genera mayor atención son las explicaciones brindadas hasta ahora por el exfuncionario, que fueron variando con el avance de la investigación. En una presentación ante el Congreso había asegurado que todos sus bienes y recursos estaban debidamente declarados y que nunca había existido ocultamiento. Sin embargo, posteriormente apareció una declaración jurada con cerca de medio millón de dólares adicionales respecto de lo informado inicialmente.

Adorni explicó públicamente que parte de ese dinero tendría su origen en inversiones realizadas en criptomonedas. Según su versión, habría comenzado a invertir en Bitcoin en 2014 y obtenido importantes ganancias a partir de esas operaciones. También hizo referencia a dinero que, de acuerdo con su relato, habría encontrado en la vivienda de su padre luego de su fallecimiento.

La Fiscalía, sin embargo, considera que las explicaciones ofrecidas hasta el momento no resultan suficientes para justificar determinados incrementos patrimoniales, adquisiciones y desembolsos realizados durante los aproximadamente dos años y medio en los que integró la administración de Javier Milei.

Los números forman parte central del análisis. Según la investigación, Adorni percibió 35 salarios durante su paso por la función pública. Sumados los ingresos de su esposa, el grupo familiar habría recibido alrededor de 229 millones de pesos. En el mismo período, los gastos contabilizados alcanzarían los 272 millones, generando una diferencia superior a los 43 millones de pesos.

También están bajo análisis distintos desembolsos realizados en dólares y en efectivo. Entre ellos aparecen gastos vinculados con viajes al exterior, alquileres, propiedades y refacciones. La adquisición y puesta en condiciones de una vivienda en el country Indio Cuá, además de un departamento ubicado en la calle Miró 550 y su equipamiento, representaron desembolsos por aproximadamente 402.578 dólares.

A esto se agrega otro punto sensible: la existencia de cuatro billeteras vinculadas con operaciones de criptomonedas en plataformas como Binance, Lemon, BUENBIT y Satoshi Tango, que no habrían sido incluidas en las declaraciones juradas correspondientes.

La investigación también detectó movimientos por unos 7,5 millones de pesos en una cuenta del Banco Nación cuyo origen no habría podido ser determinado hasta el momento, además de posibles bienes que todavía se encuentran bajo análisis.

Con este escenario, el vencimiento del plazo marca un momento clave. Ahora resta saber si Adorni logra presentar la documentación requerida, si solicita una extensión del plazo o si las respuestas aportadas resultan suficientes para despejar las dudas planteadas por la investigación. A partir de esa evaluación, la Fiscalía deberá definir si la causa avanza hacia una instancia judicial de mayor trascendencia.