La situación social y económica de la Argentina vuelve a encender señales de preocupación. Distintas estimaciones privadas advierten que la pobreza habría registrado un nuevo incremento durante el tercer trimestre de 2026, profundizando una tendencia de deterioro que ya se había observado durante la primera mitad del año. Los indicadores reflejan las dificultades que atraviesan numerosos hogares para sostener sus niveles de consumo, en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo, el crecimiento de la informalidad laboral y el escaso movimiento en la compra de productos básicos.

Aunque las cifras oficiales correspondientes al segundo semestre de este año recién serán publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos en marzo de 2027, los primeros relevamientos privados anticipan un panorama complejo para el Gobierno de Javier Milei.

Uno de los informes que generó mayor preocupación fue elaborado por la consultora ExQuanti, que estima que alrededor de 16,2 millones de personas se encontraban en situación de pobreza entre julio y septiembre de 2026. De confirmarse esta proyección, representaría un aumento de aproximadamente 3,4 millones de personas respecto del mismo período del año anterior.

La cifra también superaría el último registro oficial disponible, correspondiente al primer semestre de 2026, cuando el INDEC contabilizó aproximadamente 15,4 millones de argentinos en situación de pobreza.

El análisis de ExQuanti utiliza como referencia el Nowcast de Pobreza de la Universidad Torcuato Di Tella, correspondiente al período abril-septiembre de 2026, aunque incorpora ajustes metodológicos para corregir posibles distorsiones derivadas del uso de promedios semestrales móviles.

Desde la consultora advirtieron que, de mantenerse la dinámica actual, el nivel de pobreza podría terminar ubicándose por encima del registrado durante la pandemia, lo que representaría un importante desafío para la administración nacional.

A este diagnóstico se suma otro estudio elaborado por Equilibra, la consultora dirigida por el economista Martín Rapetti, que desarrolló una medición alternativa mediante modificaciones estadísticas sobre la metodología utilizada por el INDEC.

Según sus cálculos, la pobreza habría alcanzado el 45,4 por ciento de la población durante el primer semestre de 2026. El porcentaje se ubicaría por encima del 44,1 por ciento estimado para el segundo semestre de 2023, durante la etapa final del gobierno de Alberto Fernández.

La diferencia entre las mediciones responde, principalmente, a los criterios utilizados para calcular los ingresos familiares y el costo de vida. Equilibra incorpora los ponderadores de consumo de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018, en reemplazo de la base anterior de 2004-2005. Esta actualización otorga mayor importancia al peso de los servicios dentro del presupuesto familiar y modifica el cálculo de la Canasta Básica Total.

Además, la consultora realiza correcciones sobre los ingresos declarados por los hogares en las encuestas, con el propósito de aproximarlos a los montos que efectivamente perciben las familias.

Por su parte, los últimos datos oficiales disponibles indican que la pobreza alcanzó al 32,3 por ciento de la población durante el primer semestre de 2026. Ese resultado representó un incremento de 0,7 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2025 y una suba de 4,1 puntos en comparación con el segundo semestre del año pasado.

De cara a los próximos meses, la evolución de la pobreza dependerá de distintos factores. Uno de los principales será la relación entre los ingresos de los trabajadores y el aumento de los precios de los alimentos, los servicios y otros productos esenciales. También tendrá un papel importante la evolución de las prestaciones sociales, especialmente las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo.

En este último punto existe preocupación por el proyecto de Presupuesto 2027, que propone modificar el mecanismo de actualización de la AUH y desvincular sus aumentos automáticos de la inflación, para dejar su evolución sujeta a las decisiones del Poder Ejecutivo.

De concretarse ese cambio, las prestaciones podrían perder capacidad de compra frente al aumento del costo de vida, afectando especialmente a los hogares de menores ingresos.

Así, mientras el Gobierno sostiene su estrategia económica y busca consolidar la desaceleración inflacionaria, las estimaciones privadas plantean interrogantes sobre la recuperación social. El desafío no pasa solamente por estabilizar los precios, sino también por lograr que esa mejora se traduzca en ingresos suficientes, empleo de calidad y mejores condiciones de vida para millones de argentinos.