En medio de un escenario cada vez más complejo para la salud pública, el ministro provincial Juan Carlos Vergara expresó una fuerte preocupación por las recientes decisiones del Gobierno nacional, a las que calificó como un “retroceso gravísimo” en materia sanitaria. Según advirtió, las medidas impactan de lleno en el acceso a medicamentos, la formación de profesionales y el funcionamiento general del sistema.
Uno de los puntos más críticos señalados por el funcionario es la reformulación del histórico Programa Remediar. Esta política pública, con más de veinte años de vigencia, garantizaba la provisión gratuita de medicamentos esenciales en centros de atención primaria. Sin embargo, de acuerdo a lo planteado, la cobertura se reduciría drásticamente, pasando de una canasta de 77 fármacos a solo tres, centrados exclusivamente en patologías cardiovasculares.
El ministro advirtió que esta modificación dejaría fuera del sistema a enfermedades crónicas de alta prevalencia como la diabetes, el hipotiroidismo y afecciones respiratorias. En ese sentido, remarcó que las provincias deberán afrontar costos adicionales sin contar con los recursos necesarios, lo que podría comprometer seriamente la capacidad de respuesta sanitaria.
El recorte, además, no sería un hecho aislado. Según explicó, forma parte de un ajuste más amplio que también alcanza a la provisión de medicamentos oncológicos, el suministro de vacunas y otras prestaciones clave. Estas decisiones, sostuvo, se habrían tomado sin la debida articulación con las jurisdicciones provinciales, generando un impacto directo en la organización del sistema.
A este panorama se suma la preocupación por la formación de profesionales de la salud. Vergara señaló que el retiro del Estado nacional en el financiamiento y regulación de las residencias médicas dejó un vacío que obliga a las provincias a reorganizar el esquema por su cuenta. Esta situación ya impulsó iniciativas legislativas locales para sostener la formación de especialistas en un contexto que calificó como crítico.
En paralelo, el sistema público enfrenta un fuerte aumento en la demanda. Datos oficiales indican que entre 2024 y 2025 las consultas crecieron un 48 por ciento, en gran parte debido a que muchos ciudadanos con cobertura privada ya no pueden afrontar sus costos y recurren a hospitales y centros públicos.
Este incremento se ve agravado por la interrupción de mecanismos que permitían recuperar gastos por la atención de pacientes con obra social. Sin ese respaldo financiero, el sistema pierde una fuente clave de ingresos, lo que intensifica las dificultades presupuestarias.
El funcionario también advirtió sobre un posible efecto en cadena: la reducción de servicios en la atención primaria podría derivar en una mayor presión sobre hospitales de mayor complejidad. Esto, explicó, no solo incrementaría la demanda, sino que también alteraría el funcionamiento integral del sistema sanitario.
Finalmente, Vergara remarcó la importancia de fortalecer el primer nivel de atención, al considerar que la gran mayoría de los problemas de salud pueden resolverse en esa instancia. En ese marco, insistió en que garantizar el acceso a medicamentos es un derecho fundamental, aunque reconoció que el contexto actual obliga a las provincias a replantear estrategias frente a recursos cada vez más limitados.
El escenario, marcado por recortes, aumento de la demanda y menor financiamiento, abre un interrogante sobre la sostenibilidad del sistema de salud pública en el corto y mediano plazo.