El Congreso aprobó un acuerdo que busca poner punto final a uno de los últimos conflictos judiciales derivados del default argentino de 2001. La Cámara de Diputados convirtió en ley el entendimiento impulsado por el Gobierno nacional para cancelar una deuda de 171 millones de dólares con dos fondos de inversión que mantenían reclamos abiertos contra el país en tribunales de Estados Unidos.

La iniciativa recibió 139 votos a favor y 97 en contra, con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y distintos bloques vinculados a gobiernos provinciales. La aprobación llegó antes del vencimiento del plazo establecido en la negociación judicial, condición necesaria para que el acuerdo pudiera entrar en vigencia y cerrar definitivamente los litigios pendientes.

Los acreedores involucrados son Bainbridge Ltd. y un grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP, considerados parte de los últimos tenedores de bonos que no ingresaron a los procesos de reestructuración de deuda realizados después de la crisis económica de comienzos de siglo.

Según el acuerdo aprobado, el Estado argentino deberá pagar 67 millones de dólares a Bainbridge y otros 104 millones al grupo liderado por Attestor. Desde el oficialismo destacaron que la negociación permitió reducir aproximadamente un 30 por ciento del monto reclamado originalmente en los tribunales estadounidenses, además de evitar nuevas acciones judiciales vinculadas al conflicto.

La discusión reabrió un debate que atraviesa la historia económica reciente del país. Tras la crisis de 2001, distintos fondos compraron bonos argentinos en situación de default a valores muy bajos y luego iniciaron demandas para intentar cobrar el valor completo de esos títulos. Durante años, la Argentina enfrentó juicios internacionales, embargos y negociaciones para resolver esas disputas.

Desde el Gobierno defendieron la medida como una oportunidad para terminar con una etapa de conflictos legales que afectaron la imagen financiera del país. También señalaron que el cierre de estos reclamos permitirá mejorar las condiciones para futuras negociaciones económicas y reducir riesgos que permanecían abiertos.

La oposición, en cambio, cuestionó el acuerdo. Desde Unión por la Patria rechazaron la iniciativa y criticaron que el Estado destine recursos públicos al pago de acreedores que, según su postura, obtuvieron beneficios a partir de la especulación con títulos de deuda argentina. Además, plantearon que la decisión responde a la intención del Gobierno de mejorar la relación con los mercados internacionales y facilitar un eventual regreso al financiamiento externo.

También surgieron críticas desde otros sectores políticos. Algunos legisladores señalaron que, si bien resolver los litigios pendientes es necesario, el proyecto no contemplaba una asignación presupuestaria específica para afrontar el desembolso, lo que generaba dudas sobre el mecanismo utilizado.

A pesar de las diferencias, el oficialismo logró reunir una mayoría suficiente con el acompañamiento de distintos espacios políticos. Con la sanción definitiva, el Gobierno de Javier Milei busca cerrar uno de los últimos capítulos vinculados al default de 2001 y avanzar hacia una nueva etapa en la relación financiera internacional de Argentina.

Mientras el oficialismo considera que se trata de una solución necesaria para recuperar confianza, sus críticos advierten que el acuerdo vuelve a abrir una discusión histórica sobre el peso de la deuda y las consecuencias de las decisiones económicas tomadas durante las últimas décadas.