Argentina formalizó su adhesión a la Declaración del Consenso de Ginebra, una alianza internacional que promueve políticas centradas en la defensa de la familia tradicional y cuestiona el reconocimiento del aborto como un derecho. La decisión fue concretada el 10 de agosto mediante la firma del canciller Pablo Quirno y del embajador estadounidense Peter Lamelas, y volvió a poner en el centro de la discusión el rumbo de la política exterior del gobierno de Javier Milei en materia de derechos sexuales, reproductivos y de género.

El acuerdo tiene carácter no vinculante, por lo que la incorporación no obliga a los países miembros a actuar de manera conjunta en organismos internacionales. Sin embargo, representa una señal política significativa, especialmente porque la iniciativa busca aumentar su influencia en los espacios multilaterales y promover una agenda contraria a la ampliación de derechos reproductivos.

La Declaración del Consenso de Ginebra fue impulsada durante la primera administración de Donald Trump y actualmente tiene a Estados Unidos al frente de su secretaría, luego de que el cargo estuviera en manos de Hungría. Su denominación oficial apunta a la promoción de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de las familias, aunque sus posiciones son asociadas principalmente con el rechazo al aborto legal y a determinadas políticas vinculadas con la igualdad de género.

La incorporación argentina se produjo después de una serie de encuentros organizados en Buenos Aires por Political Network for Values, una plataforma internacional ultraconservadora que reúne dirigentes y organizaciones de distintos países. Durante julio, la entidad realizó actividades vinculadas con la defensa de la natalidad, la infancia y el modelo de familia tradicional, con participación de funcionarios nacionales, legisladores de La Libertad Avanza y referentes del PRO.

Uno de los encuentros se desarrolló en la Legislatura porteña y contó con la participación de dirigentes políticos y funcionarios vinculados al oficialismo nacional y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También se realizaron jornadas y capacitaciones destinadas a jóvenes, en espacios como el Círculo Militar y la Facultad de Derecho de la UBA.

El eje de estas actividades forma parte de una denominada “batalla cultural”, que busca modificar consensos sociales construidos durante las últimas décadas en torno a la igualdad de género, los derechos sexuales y reproductivos y las políticas de protección frente a la violencia.

Uno de los principales objetivos planteados por sectores vinculados con esta corriente es revisar la legislación argentina sobre interrupción voluntaria del embarazo. Dirigentes participantes de estos encuentros reconocieron que existe una intención de modificar políticas aprobadas en los últimos años, aunque admitieron que para avanzar en una eventual derogación de la ley del aborto también sería necesario conseguir un respaldo social suficiente.

Ese punto aparece como uno de los principales obstáculos para la agenda ultraconservadora. Diversos estudios de opinión muestran que una parte importante de la sociedad argentina mantiene posiciones favorables a derechos como el matrimonio igualitario, la igualdad de género, el acceso a anticonceptivos y las políticas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

Los datos disponibles muestran, además, que el respaldo social a estas políticas no desapareció pese al cambio de discurso promovido desde el Gobierno nacional. Siete de cada diez argentinos continúan apoyando el matrimonio igualitario, mientras que más de siete de cada diez consideran que todavía es necesario avanzar en materia de igualdad de género.

En paralelo, los estudios sobre derechos sexuales y reproductivos reflejan elevados niveles de acuerdo con el acceso a métodos anticonceptivos y una preocupación extendida por la violencia de género y los abusos sexuales.

Así, la adhesión al Consenso de Ginebra y el acercamiento a redes internacionales ultraconservadoras abren una nueva disputa política y cultural. Mientras el Gobierno profundiza sus vínculos con sectores que cuestionan políticas de ampliación de derechos, buena parte de la sociedad argentina mantiene consensos que podrían dificultar una reversión profunda de las leyes vigentes.

El debate, por lo tanto, no se limita a una decisión diplomática. También plantea qué modelo de sociedad pretende impulsar el país y hasta dónde llegará la denominada batalla cultural que atraviesa a la actual administración.