En medio de una economía marcada por la recesión y la pérdida sostenida de puestos de trabajo formales, el debate sobre el empleo volvió a sumar un nuevo capítulo. Esta vez, el foco se trasladó al crecimiento de las aplicaciones de delivery y transporte, un fenómeno que, según distintos análisis, estaría influyendo de manera decisiva en las estadísticas laborales que exhibe el Gobierno nacional.
La administración de Javier Milei sostiene parte de su discurso en la idea de una recuperación del empleo. Sin embargo, buena parte de esa mejora estaría explicada por la expansión del trabajo informal y precario, especialmente el vinculado a plataformas digitales. En ese contexto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos comenzó a impulsar una iniciativa que podría alterar la lectura oficial de los números: avanzar en una medición más precisa de cuántas personas trabajan efectivamente como repartidores o conductores a través de aplicaciones.
El objetivo es claro: discriminar dentro de las estadísticas actuales cuántos empleos corresponden a estas nuevas formas de ocupación, caracterizadas por la falta de derechos laborales tradicionales, ingresos inestables y una fuerte dependencia de la demanda diaria. Hoy, esos trabajadores aparecen diluidos dentro de categorías amplias, como repartidores o cadetes, cuya base de medición se remonta a 2017, un período en el que el sector todavía no tenía el desarrollo actual.
Desde el organismo estadístico se entiende que contar con datos más precisos permitiría reflejar con mayor fidelidad la realidad del mercado laboral. Para eso, su titular comenzó una serie de reuniones con empresas del sector, con la intención de explorar mecanismos de acceso directo a la información. La idea es que las propias plataformas puedan aportar datos sobre la cantidad de personas que trabajan, la intensidad de las jornadas y el nivel de ingresos. Sin embargo, el proceso no es sencillo: muchas compañías se amparan en la confidencialidad y la propiedad privada de esos registros, lo que dificulta cualquier avance rápido.
El desafío también se relaciona con las limitaciones de las herramientas actuales de medición. La Encuesta Permanente de Hogares logra captar con precisión el empleo asalariado formal, pero presenta mayores dificultades al relevar a cuentapropistas y trabajadores informales. Además, al basarse en declaraciones individuales, no siempre permite identificar bajo qué modalidad concreta se realiza una actividad. Así, las llamadas “nuevas formas de ocupación” quedan parcialmente invisibilizadas.
Este intento de actualización estadística no es un hecho aislado. Desde hace meses, el INDEC viene planteando la necesidad de modernizar distintas mediciones que hoy no reflejan con exactitud la estructura económica y social del país. Esa postura generó tensiones con el Ministerio de Economía, especialmente en un escenario donde el Gobierno utiliza los datos disponibles para relativizar el impacto de la caída del empleo formal.
Las cifras más recientes muestran con claridad el trasfondo del debate. En el tercer trimestre de 2025, el desempleo registró una leve baja en comparación con el mismo período del año anterior. Sin embargo, en paralelo, la informalidad laboral volvió a crecer y superó el 43 por ciento. En términos concretos, lo que más se expandió fue el trabajo sin estabilidad ni protección, estrechamente ligado a las aplicaciones de reparto y transporte.
En definitiva, la discusión sobre cómo medir el empleo no es solo técnica. Poner bajo la lupa el universo del delivery implica revelar qué tipo de trabajo se está creando en la Argentina actual y hasta qué punto la aparente mejora de los indicadores esconde una realidad de ingresos bajos, derechos limitados y una creciente precarización laboral.
