La investigación judicial conocida como causa ANDIS sumó en las últimas horas nuevos elementos que podrían resultar determinantes para el avance del expediente. Se trata de una serie de audios privados que, según la fiscalía, aportarían indicios sobre la existencia de una estructura organizada para direccionar contrataciones dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Uno de los registros más relevantes contiene una frase que hoy resuena con fuerza en el ámbito judicial: “hay que cerrar filas”. El mensaje, enviado por Pablo Atchabahian a Miguel Ángel Calvete antes de que el caso tomara estado público, es considerado por los investigadores como una pieza clave para reconstruir el entramado de relaciones entre los involucrados. En la grabación, además, se hace referencia a la necesidad de mantener una postura común, lo que refuerza la hipótesis de coordinación.
Dentro de esa misma conversación aparecen menciones indirectas a distintas figuras, identificadas mediante apodos o referencias, como “el pelado”, en alusión a Diego Spagnuolo, así como otros nombres que ahora forman parte del análisis judicial. También se incluye una advertencia sobre evitar “una torpeza”, expresión que los fiscales interpretan como una señal de alerta en un contexto donde ya comenzaban a surgir sospechas internas.
A estos elementos se suma un segundo audio, atribuido a Claudio Kahn, gerente de una firma vinculada al rubro ortopédico. En ese mensaje, dirigido también a Calvete, se describen detalles sobre la disponibilidad de dinero y la forma de realizar pagos, incluyendo la posibilidad de recurrir a mecanismos informales para obtener divisas extranjeras. Para los investigadores, este material permite avanzar en la reconstrucción del circuito financiero detrás de las operaciones bajo sospecha.
Con estas pruebas, los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaron ampliar las indagatorias, alcanzando no solo a los principales implicados sino también a un grupo más amplio de personas vinculadas a la operatoria. En total, se suman nuevas convocatorias que elevan la magnitud de la causa y refuerzan la idea de un esquema de funcionamiento extendido.
La hipótesis central sostiene que existió una estructura coordinada entre funcionarios y empresarios para direccionar adjudicaciones en la compra de insumos médicos de alto costo. Estas maniobras habrían tenido lugar entre fines de 2023 y octubre de 2025, con un volumen de operaciones que supera los 75 mil millones de pesos.
Según la fiscalía, el sistema incluía sobreprecios, acuerdos previos entre proveedores y un manejo discrecional de las contrataciones. En este sentido, los audios no solo aportarían evidencia sobre hechos puntuales, sino también sobre la lógica interna con la que se habría organizado el esquema.
Hasta el momento, la causa ya cuenta con 19 personas procesadas, entre ellas el ex titular del organismo, quien enfrenta cargos por cohecho, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Además, se solicitó la inhibición de bienes de personas físicas y jurídicas vinculadas al caso, con el objetivo de evitar posibles movimientos de activos mientras avanza la investigación.
En su dictamen, el fiscal describió el funcionamiento del organismo como una estructura administrada de manera discrecional, lo que refuerza la gravedad de las acusaciones. A siete meses de su inicio, la causa continúa en plena etapa de recolección de pruebas, con el foco puesto en desentrañar el circuito financiero y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados.