La causa judicial que investiga un posible enriquecimiento ilícito en torno al funcionario Manuel Adorni sumó en las últimas horas un movimiento clave: la Justicia ordenó levantar el secreto bancario y fiscal tanto del dirigente como de su esposa, Julieta Bettina Angeletti. La medida busca profundizar el análisis sobre su situación patrimonial y financiera, en un expediente que continúa ganando relevancia en el ámbito político y judicial.
La decisión fue impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita y cuenta con la autorización del juez Ariel Lijo. A partir de ahora, la fiscalía podrá acceder a información detallada sobre las cuentas bancarias del matrimonio, incluyendo depósitos, plazos fijos, créditos, préstamos, consumos con tarjetas y eventuales operaciones realizadas a través de billeteras virtuales. El objetivo es reconstruir con precisión los movimientos económicos de la pareja y detectar posibles inconsistencias.
En paralelo, también se solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) un informe completo sobre la situación fiscal de ambos. Se busca verificar ingresos declarados, evolución patrimonial y registros financieros desde el momento en que Adorni asumió funciones públicas, con el fin de establecer si existe correspondencia entre sus ingresos y las adquisiciones realizadas.
El origen de la investigación se remonta a una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió posibles irregularidades en las declaraciones juradas del funcionario. Desde entonces, el foco de la causa se ha centrado especialmente en la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, una operación que presenta varios puntos bajo análisis.
Según consta en el expediente, la propiedad —de aproximadamente 200 metros cuadrados y con cochera— fue adquirida en noviembre de 2025 por un valor declarado de 230.000 dólares. Sin embargo, ese monto resulta llamativamente inferior al valor de mercado en la zona, donde el precio por metro cuadrado suele ubicarse en torno a los 2.500 dólares o más.
Uno de los aspectos que más inquieta a los investigadores es la modalidad de pago. De acuerdo con la documentación, Adorni habría abonado solo 30.000 dólares al momento de la operación, mientras que el resto —unos 200.000 dólares— habría sido financiado por las vendedoras, dos mujeres jubiladas, sin ningún tipo de interés y con plazo de cancelación hasta noviembre de 2026.
En este contexto, la declaración de la escribana interviniente, Adriana Nechevenko, no logró despejar las dudas. Durante su testimonio, evitó dar precisiones sobre cómo se estructuró el acuerdo o el origen de los fondos, limitándose a señalar que esas respuestas debía brindarlas el propio comprador. Su posterior regreso a los tribunales federales, donde realizó aclaraciones y entregó su teléfono celular, añadió un nuevo elemento de interés para la investigación.
La propiedad en cuestión también tiene antecedentes recientes: anteriormente pertenecía a un exfutbolista que declaró haberla vendido en un estado deteriorado. En esa instancia, las compradoras se presentaron acompañadas por terceros, algunos de los cuales ahora también fueron citados a declarar.
A la par de estas diligencias, la fiscalía avanzó con operativos en oficinas vinculadas a la intermediación inmobiliaria de la operación. Allí se busca recolectar documentación clave, como tasaciones, registros de publicación, comprobantes de pago y comunicaciones entre las partes, que permitan reconstruir en detalle cómo se concretó la compraventa.
Con estas medidas, la causa entra en una etapa más profunda, donde el análisis de la información financiera será determinante para esclarecer si existieron o no irregularidades. Mientras tanto, el expediente continúa su curso en medio de una creciente expectativa pública.
