La causa que investiga la presunta instalación de cámaras ocultas en departamentos alquilados por estudiantes avanza con definiciones clave y mantiene en vilo a la comunidad. En las últimas horas, la Fiscalía brindó detalles precisos sobre el estado de la investigación y explicó por qué el principal acusado, identificado como Aguilar, continuará privado de su libertad mientras se desarrollan las actuaciones judiciales. Se trata de un caso de extrema gravedad que puso en discusión la intimidad, la seguridad y la situación de vulnerabilidad de las víctimas.
Desde que se tomó conocimiento de la denuncia, el Ministerio Público Fiscal decidió asumir de manera directa la conducción de la investigación. En una primera etapa, se formularon imputaciones iniciales por el delito de violación de domicilio, en tres hechos diferenciados que corresponden a distintas unidades habitacionales. Según se explicó, estas imputaciones responden a los primeros elementos probatorios reunidos, sin perjuicio de que la calificación legal pueda ampliarse o modificarse con el avance de las pericias.
La fiscal a cargo del caso, Nadia Schargrodsky, detalló que a partir de las pruebas recolectadas se solicitó la detención del acusado, medida que se concretó el viernes al mediodía tras un trabajo coordinado con el Juzgado de Instrucción de Violencia de Género. La detención fue considerada necesaria para resguardar la investigación y garantizar el normal desarrollo del proceso judicial.
Uno de los puntos más sensibles de la causa está vinculado al material secuestrado. Durante los procedimientos se incautó una importante cantidad de dispositivos electrónicos y registros audiovisuales. Todo ese material fue preservado siguiendo estrictamente la cadena de custodia y ya se dispusieron pericias técnicas especializadas. Los resultados de esos estudios serán determinantes para establecer el alcance real de los hechos, definir si corresponde ampliar las imputaciones e incluso evaluar la posible existencia de otros delitos o de nuevos involucrados.
La magnitud del material a analizar da cuenta de la complejidad de la investigación. En al menos uno de los dispositivos se habrían encontrado más de cuatro mil registros audiovisuales, lo que implica un trabajo minucioso y prolongado por parte de los peritos y del equipo fiscal.
En paralelo, la Fiscalía puso especial énfasis en la protección y contención de las víctimas. Desde el inicio de la causa se activó el protocolo de violencia de género, brindando acompañamiento integral a las jóvenes afectadas. Psicólogos, trabajadores sociales y profesionales de la salud intervienen para garantizar asistencia, mientras se dispusieron medidas cautelares contra el imputado y se estableció un canal de comunicación permanente entre las víctimas y el equipo especializado.
Si bien la imputación actual es por violación de domicilio, la causa fue encuadrada dentro del contexto de violencia de género, atendiendo a la relación desigual de poder entre el acusado y las víctimas. Este encuadre permite ampliar las herramientas de investigación y refuerza las medidas de protección.
Finalmente, la fiscal explicó que la continuidad de la detención responde a la necesidad de evitar riesgos procesales, como el ocultamiento o la destrucción de pruebas, la posible intimidación de testigos o cualquier intento de entorpecer la investigación. Aunque se trate de delitos que podrían admitir una eventual excarcelación, se remarcó que esa posibilidad no es automática y debe analizarse en función del riesgo existente y de la protección de las víctimas.
La investigación, subrayaron, recién comienza y el análisis completo del material secuestrado podría abrir nuevas líneas de investigación en un caso que sigue generando fuerte impacto social.