Una escena poco habitual se vivió en las primeras horas de la jornada en la Casa Rosada. Desde temprano, efectivos policiales y personal de la Casa Militar se apostaron en el acceso de Balcarce 50, impidiendo el ingreso de periodistas acreditados. A medida que los trabajadores de prensa llegaban al lugar, eran interceptados y obligados a identificarse. Aquellos cuyos nombres figuraban en listados impresos recibían una respuesta tajante: no podrían ingresar ni siquiera retirar pertenencias de la sala de prensa. No hubo explicaciones detalladas, solo una reiterada mención a una medida preventiva vinculada a un supuesto caso de “espionaje ilegal”.
El episodio no ocurrió en un día cualquiera. Coincidió con una reunión de alto perfil que el presidente Javier Milei mantuvo con el empresario tecnológico Peter Thiel, figura influyente del mundo empresarial global y con estrechos vínculos en la política estadounidense. El encuentro, desarrollado bajo estrictas medidas de seguridad, despertó especial interés por el potencial impacto en áreas estratégicas como los recursos naturales y energéticos del país.
En ese contexto, la imposibilidad de acceder a la sede gubernamental generó preocupación en el ámbito periodístico. La decisión oficial se produjo días después de la difusión de un informe televisivo que mostraba imágenes del interior de la Casa Rosada, captadas mediante tecnología portátil. A raíz de ese material, el periodista involucrado perdió su acreditación y tanto él como la conductora del programa enfrentan una denuncia penal impulsada por la Casa Militar, bajo cargos vinculados a la presunta divulgación de información sensible.
La causa quedó en manos del juez Ariel Lijo, quien deberá determinar si el contenido difundido comprometió la seguridad institucional. Desde el Gobierno se argumentó que las medidas adoptadas responden a la necesidad de preservar la integridad del entorno presidencial, aunque no se brindaron precisiones sobre los tiempos ni los criterios aplicados.
Mientras tanto, los periodistas debieron reorganizar su labor de manera improvisada, instalándose en bares y espacios cercanos para continuar con la cobertura. En paralelo, comenzaron a surgir cuestionamientos desde distintos sectores políticos y sociales. Legisladores de la oposición se acercaron hasta la Casa de Gobierno para manifestar su rechazo y solicitar explicaciones formales, advirtiendo sobre un posible deterioro en las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa.
Las críticas también se replicaron en entidades periodísticas y organizaciones del sector, que calificaron la medida como grave y sin antecedentes en democracia. A su vez, el propio presidente generó controversia al compartir mensajes en redes sociales que respaldaban la decisión y contenían expresiones ofensivas hacia periodistas.
El episodio reabre el debate sobre la relación entre el poder político y los medios de comunicación, en un escenario donde las tensiones parecen profundizarse. La incertidumbre persiste, mientras se aguardan definiciones oficiales que permitan esclarecer el alcance y la duración de las restricciones impuestas.