La situación judicial del consultor argentino Fernando Cerimedo se volvió todavía más compleja en Bolivia. Una sala judicial de La Paz confirmó la prisión preventiva en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y dispuso que, en ese expediente, el acusado sea trasladado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Al mismo tiempo, distintas investigaciones comenzaron a ampliar el foco sobre las actividades que habría desarrollado el consultor en el país.

La decisión representa un nuevo revés para la defensa de Cerimedo, que había solicitado que se revocara la prisión preventiva o, eventualmente, que se le concediera el beneficio de la detención domiciliaria. Sin embargo, la Justicia resolvió mantener las medidas adoptadas hasta el momento y ratificó el traslado a Chonchocoro.

Por ahora, el consultor permanece alojado en Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, debido a otra causa en la que enfrenta una acusación por tentativa de femicidio contra Nadia Beller. En ese expediente también fue apelada la prisión preventiva, aunque todavía no se fijó la fecha de la audiencia. Si la medida vuelve a ser confirmada, podría generarse una disputa judicial sobre cuál de los dos establecimientos penitenciarios corresponde para cumplir la detención.

Pese a la preocupación que genera el posible traslado a Chonchocoro, Cerimedo no estaría destinado a un pabellón común. Según la información disponible sobre su alojamiento, se encontraría en sectores considerados de menor riesgo, junto con otros detenidos que tienen antecedentes vinculados con fuerzas de seguridad.

Mientras tanto, la investigación por presunto enriquecimiento ilícito incorpora diferentes líneas. Una de ellas está relacionada con el supuesto desvío de combustible hacia el mercado negro. Beller habría aportado información según la cual Cerimedo y María Elena Urquidi Barbery, conocida como Bibi y esposa del presidente boliviano, podrían haber tenido participación en una maniobra que involucraría grandes volúmenes de combustible y millonarias ganancias. Se trata de una acusación que deberá ser corroborada por la Justicia.

Otra línea de investigación apunta a un posible vínculo con operaciones relacionadas con el tráfico de oro hacia Dubái. El caso aparece conectado con la detención de un joven que habría intentado sacar del país una importante cantidad de oro a través del aeropuerto de Santa Cruz.

A estas sospechas se suman transferencias al exterior por unos 400.000 dólares y alrededor de 100.000 dólares en efectivo que, según la investigación, fueron encontrados durante allanamientos vinculados con Cerimedo.

Uno de los puntos más llamativos es que la Fiscalía decidió no formalizar, por ahora, una investigación contra la esposa del presidente boliviano. Sin embargo, amplió las pesquisas sobre Cerimedo por presunta legitimación de ganancias ilícitas, usurpación de funciones, falsedad material y utilización de documentación presuntamente falsificada.

Según la hipótesis fiscal, el consultor habría manejado ingresos que no se corresponderían con una actividad convencional de asesoramiento y habría utilizado tarjetas de presentación en las que se atribuía funciones públicas que no tendría oficialmente.

También existe una investigación en el departamento de Beni por movimientos de aeronaves en un campo situado en Santa Ana del Yacuma. Beller deberá declarar bajo un régimen de protección, mientras la defensa de Cerimedo sostiene una versión diferente y afirma que el consultor habría sido denunciante en ese expediente y que su identidad habría sido utilizada indebidamente.

El caso, además, comenzó a generar repercusiones fuera de Bolivia. El vicepresidente Edman Lara difundió un audio en el que supuestamente Cerimedo mantiene una conversación con el presidente Rodrigo Paz sobre cuestiones vinculadas con un eventual estado de sitio. La grabación fue presentada ante la Justicia y podría aportar nuevos elementos sobre el nivel de influencia que habría tenido el consultor.

En Chile, mientras tanto, el Congreso conformó una comisión destinada a investigar posibles vínculos entre Cerimedo y el presidente José Antonio Kast, además de presuntas operaciones digitales relacionadas con redes de desinformación.

De esta manera, las investigaciones sobre el consultor argentino continúan extendiéndose a distintos países y abren interrogantes sobre el alcance de sus actividades políticas, empresariales y digitales. Sin embargo, todas las acusaciones mencionadas forman parte de investigaciones en curso y deberán ser demostradas mediante pruebas y resoluciones judiciales antes de establecer responsabilidades penales.

Por ahora, el dato concreto es que Cerimedo permanece detenido, enfrenta más de una investigación y su defensa deberá continuar buscando alternativas judiciales para intentar recuperar su libertad.