Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Javier Milei y empresario vinculado al ámbito de la comunicación política, enfrenta un nuevo frente judicial, esta vez en Argentina y por una deuda comercial que, con intereses y costas, ya alcanzaría los 139 millones de pesos.

El reclamo fue iniciado por el Banco Galicia ante la Justicia Comercial y tiene como origen un pagaré firmado en febrero de 2025 por la empresa Numen Publicidad y Sondeos, de la que Cerimedo figura como aval. El documento establecía una obligación inicial de 70 millones de pesos, pero el paso del tiempo y la aplicación de intereses llevaron el monto reclamado a casi duplicarse.

El expediente tramita como un juicio ejecutivo, un mecanismo judicial utilizado para exigir el cumplimiento de obligaciones respaldadas por documentos como pagarés. En este caso, el banco sostuvo que el documento fue presentado al cobro en marzo de 2025 y que, desde entonces, comenzaron a aplicarse intereses por la falta de pago.

De acuerdo con la liquidación presentada en el expediente, el reclamo alcanzaba los 138.977.808 pesos al 16 de abril de 2026. El juzgado interviniente ordenó avanzar con un mandamiento de pago contra Cerimedo y la empresa, contemplando el capital original y una suma adicional estimada para cubrir intereses y costas.

Además, la Justicia dispuso la inhibición general de bienes tanto del empresario como de Numen Publicidad y Sondeos. La medida busca impedir que puedan disponer libremente de determinados bienes mientras se intenta garantizar el cobro de la deuda reclamada.

El tribunal también ordenó recopilar información sobre la situación de la empresa y del demandado. Entre otras medidas, se contempló solicitar datos a la Inspección General de Justicia, al Registro Único Laboral y a la ANSES, con el objetivo de conocer información vinculada con la sociedad y eventualmente con la situación laboral de Cerimedo.

A partir de la resolución judicial, el empresario y la firma quedaron intimados a responder dentro de un plazo de cinco días, constituir domicilio y presentar las defensas que consideren correspondientes, de acuerdo con las normas del proceso ejecutivo.

La nueva demanda comercial se suma a una situación judicial mucho más compleja que Cerimedo atraviesa actualmente en Bolivia. Allí permanece detenido preventivamente en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, en el marco de una investigación por su presunta participación como autor intelectual de un intento de femicidio contra su expareja, la abogada Nadia Beller.

Beller sobrevivió a un ataque ocurrido el 17 de agosto, cuando recibió tres disparos efectuados por sicarios. Posteriormente, sus declaraciones también abrieron otros interrogantes judiciales relacionados con presuntos hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

En territorio boliviano, además, Cerimedo es investigado por posibles irregularidades vinculadas con la administración pública, mientras que existe otra pesquisa relacionada con un supuesto tráfico de sustancias controladas y encubrimiento del narcotráfico.

En Argentina, su nombre también aparece relacionado con la investigación por presuntos sobreprecios y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. En ese expediente, inicialmente declaró como testigo, aunque las declaraciones de Beller podrían generar nuevos interrogantes sobre su eventual situación procesal.

La nueva causa por la deuda bancaria representa, en comparación con las investigaciones penales, un expediente de naturaleza comercial. Sin embargo, agrega presión sobre la situación patrimonial y judicial de Cerimedo, quien deberá responder ahora también ante la Justicia argentina por una obligación que comenzó en 70 millones de pesos y que, por intereses y costas, ya se aproxima a los 139 millones.

Mientras avanzan las distintas investigaciones a ambos lados de la frontera, el exasesor presidencial acumula así nuevos problemas judiciales y económicos, en un escenario cada vez más complejo para su situación personal y empresarial.