Las declaraciones del presidente Javier Milei contra integrantes de la comunidad científica y universitaria generaron una fuerte reacción en el ámbito académico y científico argentino. El mandatario calificó como “terroristas” a personas vinculadas con universidades, centros de investigación, medios de comunicación y otros sectores que mantienen posiciones críticas frente a su gestión. Las expresiones fueron consideradas de extrema gravedad por representantes del sistema científico y tecnológico nacional.

El conflicto se profundizó luego de que Milei, durante una entrevista televisiva, afirmara que existen “terroristas disfrazados de docentes, estudiantes, investigadores y periodistas”. La acusación provocó preocupación entre investigadores y autoridades de distintos centros científicos, quienes interpretaron esas palabras como un intento de deslegitimar las protestas y reclamos que vienen desarrollándose en defensa de la educación pública, los salarios y el financiamiento de la ciencia.

Ante este escenario, los directores de los Centros Científico Tecnológicos del Conicet difundieron un documento en el que expresaron su rechazo a las declaraciones presidenciales. Consideraron que calificar de “terroristas” a quienes forman parte de las comunidades universitarias y científicas constituye una agresión sin fundamentos y, al mismo tiempo, un ataque institucional contra sectores esenciales para el desarrollo del país.

El documento sostiene que los reclamos por presupuesto, salarios y continuidad de proyectos científicos forman parte de una discusión democrática y no pueden ser asociados con prácticas terroristas. Según los investigadores, equiparar una movilización pacífica, una protesta gremial o un debate académico con el terrorismo supone una peligrosa criminalización del derecho constitucional a manifestarse y expresar opiniones críticas.

Uno de los aspectos que mayor preocupación generó fue la utilización de términos vinculados con la “subversión” y el “terror” para referirse a investigadores, estudiantes y docentes. Los representantes científicos señalaron que ese tipo de lenguaje recuerda algunos de los períodos más oscuros de la historia argentina, cuando las dictaduras militares utilizaron argumentos similares para justificar persecuciones, censuras, intervenciones en las universidades y ataques contra instituciones dedicadas a la investigación.

La situación también volvió a poner en el centro de la escena el rol de las autoridades del Conicet frente a las políticas implementadas por el Gobierno nacional. En particular, quedó bajo observación la posición del presidente del organismo, Daniel Salamone, quien fue designado por Milei al comienzo de su administración y hasta el momento había mantenido un perfil reservado frente a los reiterados reclamos de investigadores y trabajadores del sector.

Los directores científicos remarcaron, además, que la comunidad académica mantiene su compromiso con la generación de conocimiento, la innovación tecnológica y la búsqueda de soluciones para problemas concretos de la sociedad. Destacaron la importancia de la investigación para áreas estratégicas como la salud, la producción y el desarrollo tecnológico.

Finalmente, reclamaron el cese de los agravios contra trabajadores de la ciencia y la educación y convocaron a las instituciones democráticas y al conjunto de la sociedad a rechazar cualquier discurso que pueda contribuir a la estigmatización o persecución de quienes expresan posiciones críticas.

El episodio vuelve a instalar así una discusión de fondo: cuál debe ser el vínculo entre el poder político, las universidades y el sistema científico, y hasta dónde puede llegar el enfrentamiento discursivo sin poner en riesgo el debate democrático y la convivencia institucional.