El sistema universitario argentino se prepara para atravesar una semana marcada por el conflicto gremial. Docentes de distintas universidades del país anunciaron un paro nacional que comenzará el 16 de marzo y se extenderá, en principio, hasta el día 20, en medio de un creciente malestar por la situación salarial que atraviesa el sector.
La medida fue impulsada por diversos gremios docentes que denuncian un fuerte deterioro en los ingresos y cuestionan el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Según sostienen, la normativa aprobada por el Congreso establecía una recomposición salarial acorde al impacto de la inflación acumulada durante el último período, pero hasta el momento el incremento no fue aplicado.
La secretaria general de AGD UBA, Laura Carboni, describió la situación como crítica. De acuerdo con sus declaraciones, un ayudante de primera con dedicación simple y una década de antigüedad percibe menos de 250 mil pesos mensuales. Incluso docentes con trayectorias extensas dentro del sistema universitario enfrentan salarios que apenas superan los 300 mil pesos por cargos de dedicación parcial.
En el caso de los profesores con dedicación exclusiva —una modalidad que les impide desarrollar otros trabajos— los ingresos no superan los 1,3 millones de pesos mensuales, una cifra que, según remarcan desde los gremios, apenas alcanza el umbral de la pobreza. Este escenario generó un clima de fuerte descontento en numerosas casas de estudio, donde algunos docentes incluso manifiestan dudas sobre su continuidad en las aulas.
El eje del conflicto se centra en la aplicación de la ley que dispone una actualización salarial cercana al 51 o 52 por ciento para compensar la pérdida frente a la inflación. A pesar de que el Congreso rechazó el veto presidencial a la norma y de que existe un fallo judicial favorable a los docentes, el reclamo sindical sostiene que el Gobierno aún no ejecutó el pago correspondiente.
En paralelo, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un nuevo proyecto que propone modificar el esquema de financiamiento universitario. La iniciativa plantea reemplazar la recomposición prevista por un incremento del 12,3 por ciento distribuido en tres cuotas, con la última a pagarse recién en septiembre. Para los sindicatos, esta propuesta no solo resulta insuficiente, sino que también ignora la deuda salarial acumulada durante 2024.
Las medidas de fuerza previstas para la semana del 16 al 20 de marzo incluyen la suspensión total de actividades académicas en numerosas universidades del país. Sin embargo, el plan de lucha también contempla acciones de visibilización como clases públicas, volanteadas y movilizaciones en distintos campus universitarios.
El paro cuenta con el acompañamiento de federaciones docentes de alcance nacional, entre ellas la Conadu Histórica y la Conadu, dos de las organizaciones más representativas del sector. Aunque existen diferencias en la intensidad de las medidas, ambas coincidieron en convocar al cese de actividades durante esa semana.
En el caso particular de la Universidad de Buenos Aires, los docentes nucleados en AGD UBA realizarán el 19 de marzo una asamblea general para evaluar el desarrollo del conflicto y definir la continuidad del plan de lucha. Allí se analizará la posibilidad de extender el paro durante la semana siguiente, que será más breve debido al feriado nacional por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Mientras tanto, en el ámbito universitario también surgen interrogantes sobre el rol que asumirán las autoridades académicas frente a la disputa salarial. Dirigentes gremiales señalaron que representantes del Gobierno mantuvieron reuniones con integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional para informar sobre el nuevo proyecto de modificación de la ley.
Aunque desde el organismo se reclamó públicamente la aplicación de la normativa vigente, algunos sectores sindicales consideran que la presión institucional podría ser mayor. En ese contexto, el conflicto docente suma nuevos capítulos y anticipa una semana de alta tensión en las universidades argentinas, con miles de estudiantes y docentes pendientes de la evolución de las negociaciones.