Un nuevo frente judicial se abrió en el país tras la presentación de denuncias penales contra el presidente Javier Milei, en el marco de los recortes aplicados al sistema de discapacidad. La iniciativa fue impulsada por familiares de personas afectadas y trabajadores del Hospital Garrahan, quienes acusan a la administración nacional de incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y abandono de persona.
La causa, radicada en un juzgado federal, también involucra a funcionarios del área de salud, entre ellos el ministro Mario Lugones, el secretario Alejandro Vilches y el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. Según los denunciantes, desde el inicio de la actual gestión se habría llevado adelante un ajuste sostenido que impactó directamente en pensiones, prestaciones médicas y programas de asistencia esenciales.
El planteo judicial sostiene que miles de familias atraviesan una situación crítica debido a la reducción de recursos destinados a la atención de personas con discapacidad. En ese contexto, se cuestiona además el cierre y la reconversión de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyos fondos, aseguran, habrían sido reasignados, generando incertidumbre sobre su destino y aplicación.
Uno de los puntos más sensibles del conflicto es el presunto incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso y posteriormente vetada por el Ejecutivo. A pesar de que la Justicia ordenó su implementación, los denunciantes advierten que la normativa no se aplica en su totalidad, lo que agrava aún más la situación del sector.
El documento judicial también describe un deterioro progresivo en el acceso a la salud. La suspensión o demora en el pago de prestaciones, la interrupción de tratamientos y la falta de medicamentos configuran un escenario que, según los afectados, pone en riesgo la integridad física de las personas con discapacidad. A esto se suma la sobrecarga del sistema público, producto de la pérdida de cobertura en obras sociales y programas específicos como Incluir Salud.
En paralelo, el Gobierno envió al Congreso un nuevo proyecto de ley que propone endurecer los requisitos para acceder a pensiones. La iniciativa generó un fuerte rechazo por parte de organizaciones sociales y especialistas, quienes consideran que podría restringir aún más el acceso a derechos básicos.
Otro aspecto que generó polémica fue la implementación de normativas con criterios considerados regresivos por organismos civiles. Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia advirtieron que estas medidas contradicen estándares internacionales en materia de derechos humanos y protección social, además de ignorar recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas.
En el plano discursivo, también se señalan expresiones oficiales que habrían contribuido a estigmatizar al colectivo, lo que suma tensión a un conflicto ya marcado por la sensibilidad social que implica la temática.
Mientras tanto, la disputa continúa escalando en distintos frentes: judicial, legislativo y social. Los denunciantes sostienen que las políticas implementadas configuran un cuadro de abandono sistemático, con consecuencias directas sobre la calidad de vida de miles de personas. Desde el oficialismo, en tanto, se insiste en la necesidad de reorganizar el sistema bajo criterios de eficiencia.
En este contexto, el debate sobre el rol del Estado en la protección de los sectores más vulnerables vuelve a ocupar el centro de la escena. La resolución de esta causa podría convertirse en un punto clave para definir no solo responsabilidades, sino también el rumbo de las políticas públicas en materia de discapacidad en la Argentina.