El escándalo por los denominados créditos “VIP” otorgados por el Banco Nación a funcionarios y dirigentes vinculados al oficialismo sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de que integrantes del equipo económico salieran públicamente a defender su accionar. Sin embargo, lejos de disipar las dudas, sus declaraciones reavivaron el debate y mantienen la atención puesta en la investigación judicial en curso.
Entre quienes tomaron la palabra se encuentran el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el asesor económico Felipe Núñez, cercano al ministro Luis Caputo y actual director del Banco de Inversión y Comercio Exterior. Ambos coincidieron en rechazar cualquier tipo de irregularidad en el acceso a los préstamos, asegurando que se trató de operaciones realizadas en condiciones normales y sin privilegios.
Durante una entrevista en un programa de streaming, Núñez sostuvo que no existió ningún beneficio indebido. Afirmó que accedieron a los créditos como cualquier ciudadano que cumple con los requisitos exigidos por la entidad bancaria. En ese sentido, explicó que eligieron operar con el Banco Nación por tratarse de la institución donde perciben sus salarios, y remarcó que las tasas ofrecidas eran competitivas dentro del mercado financiero.
Además, el funcionario intentó relativizar la magnitud del conflicto al señalar que los casos cuestionados representan una porción mínima del total de préstamos otorgados por la entidad. Según indicó, se trata de un porcentaje inferior al 0,2% de aproximadamente 27.000 créditos concedidos, lo que —a su entender— demostraría que no se trata de una práctica generalizada.
Por su parte, Furiase brindó detalles sobre su situación personal y patrimonial. Explicó que el crédito que obtuvo estuvo destinado a la adquisición de una segunda vivienda, bajo una tasa incluso superior a otras disponibles. Asimismo, aclaró versiones sobre la supuesta posesión de múltiples propiedades, al indicar que una de ellas corresponde a una cesión de usufructo realizada por sus padres, de la cual posee solo una parte y en la que no reside desde hace más de una década.
En otro tramo de sus declaraciones, el secretario de Finanzas vinculó la reactivación del crédito hipotecario con la mejora de las variables macroeconómicas. Señaló que la disminución de la inflación y de las tasas de interés permitió a los bancos ampliar sus plazos de financiamiento, facilitando así el acceso a este tipo de préstamos.
Mientras tanto, la causa judicial avanza en los tribunales federales, donde se busca determinar si existieron irregularidades en la asignación de estos créditos. La investigación apunta a posibles inconsistencias entre los montos otorgados y los ingresos declarados por los beneficiarios, así como a eventuales advertencias internas que podrían haber sido desestimadas.
En total, los préstamos bajo análisis alcanzarían una cifra cercana a los 2.500 millones de pesos, con montos individuales que van desde los 100 hasta más de 500 millones. Dentro de ese universo, algunos de los casos más resonantes corresponden precisamente a funcionarios del área económica, lo que añade un componente político a un tema que ya genera fuerte repercusión pública.
Por ahora, las explicaciones oficiales no logran cerrar completamente la polémica, mientras la Justicia continúa reuniendo elementos para esclarecer si se trató de operaciones regulares o si, por el contrario, existieron condiciones de privilegio en el acceso a financiamiento estatal.