El título de doctora en Inteligencia Artificial que exhibe Adriana Baravalle, recientemente incorporada a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, quedó bajo la lupa de la Justicia a partir de una denuncia penal que plantea dudas sobre la institución que habría otorgado esa credencial académica.

La presentación fue realizada por la diputada Marcela Pagano, quien llevó adelante una denominada “compra de prueba” para investigar las condiciones bajo las cuales la American Andragogy University, una institución radicada en Hawái, ofrecería títulos de posgrado. Según la documentación incorporada a la denuncia, la legisladora consultó por la posibilidad de obtener un doctorado en Inteligencia Artificial y recibió una propuesta para acceder al título mediante un pago de 400 dólares.

El dato adquiere relevancia porque la propia universidad publica un valor de alrededor de 7.000 dólares para su programa doctoral. Sin embargo, de acuerdo con la denuncia, ante la consulta realizada por Pagano se ofreció una alternativa de pago único por 400 dólares, acompañada de una supuesta beca que la legisladora no había solicitado.

La operación, siempre según la presentación judicial, quedó registrada mediante conversaciones, capturas de pantalla y comprobantes de pago. La documentación también incluiría materiales con errores de tipeo y otros elementos que despertaron interrogantes sobre el procedimiento académico.

Uno de los aspectos señalados como llamativos es la rapidez del proceso. Según la denuncia, el pago fue aprobado el 14 de agosto y, apenas ocho días después, la legisladora ya había recibido documentación relacionada con el supuesto programa doctoral. Además, sostiene que durante el trámite no se le habría exigido rendir un examen ni presentar previamente documentación que acreditara la obtención de un título universitario de grado.

A partir de estos elementos, Pagano solicitó que la Justicia determine si existen irregularidades y establezca qué responsabilidad podría corresponder a la funcionaria, a representantes de la universidad o a otras personas que pudieran estar involucradas. La denuncia menciona posibles delitos como falsedad ideológica, uso de documento falso y estafa, aunque se trata de hipótesis que deberán ser verificadas durante la investigación y no de delitos que hayan sido judicialmente comprobados.

La situación también pone bajo análisis los antecedentes académicos de Baravalle. En su perfil profesional aparece identificada como “PhD in Artificial Intelligence”, aunque allí no figura de manera explícita la institución que habría otorgado ese título. Al momento de su designación, en cambio, el Gobierno la presentó públicamente como doctora en Inteligencia Artificial y destacó su experiencia en áreas vinculadas con la ciberseguridad y la tecnología.

La denuncia también solicita revisar otros antecedentes académicos atribuidos a la funcionaria, entre ellos una maestría en Ciencia de Datos vinculada con la Universidad Austral y estudios relacionados con Ingeniería y un título de Analista de Sistemas en la Universidad de la Defensa Nacional.

Ahora, uno de los principales interrogantes será determinar exactamente dónde obtuvo Baravalle su doctorado, qué formación realizó para acceder a él, cuáles fueron los requisitos académicos cumplidos y qué nivel de reconocimiento tiene ese título.

La situación adquiere además una dimensión regional, debido a cuestionamientos anteriores contra la misma universidad. En Perú, un funcionario debió explicar públicamente un doctorado obtenido en esa institución, mientras que en Panamá se registraron medidas contra docentes que habían presentado títulos emitidos por ella. En ese país, además, se abrió una investigación vinculada con credenciales académicas que no contaban con reconocimiento oficial.

Por el momento, la denuncia no demuestra que el título de Baravalle sea falso ni implica que la funcionaria haya cometido un delito. Esa determinación corresponde exclusivamente a la Justicia. El eje de la investigación será establecer la autenticidad, las condiciones de obtención y el reconocimiento académico de las credenciales que forman parte de sus antecedentes profesionales.

Mientras avanza el proceso, el caso vuelve a poner en discusión un tema especialmente sensible para el ámbito científico y tecnológico: la necesidad de garantizar que los títulos utilizados para acceder a cargos públicos y posiciones de responsabilidad respondan a trayectorias académicas verificables y reconocidas.