El Senado se prepara para una sesión que promete ser una de las más intensas de las últimas semanas. En el centro del debate se encuentra el proyecto de reforma de la Ley de Tierras Rurales, una iniciativa impulsada por el oficialismo que propone flexibilizar las condiciones para la adquisición de campos por parte de ciudadanos y empresas extranjeras. Con el tratamiento previsto para los próximos días y un escenario de votación muy ajustado, el Gobierno introdujo una serie de modificaciones con el objetivo de ampliar los consensos y conseguir el respaldo de legisladores que todavía mantienen dudas sobre el alcance de la propuesta.
Durante una conferencia de prensa realizada en el Senado, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, presentó los cambios incorporados al texto y defendió la iniciativa como una herramienta destinada a fomentar las inversiones y fortalecer el desarrollo productivo del país. Según explicó, la reforma busca actualizar una normativa vigente desde 2011 que, a criterio del oficialismo, terminó limitando la llegada de capitales y reduciendo el valor de las tierras rurales.
Uno de los principales cambios establece que el límite máximo de tierras rurales en manos extranjeras pase del 15 al 25 por ciento del territorio de cada provincia. Además, el proyecto elimina el criterio que fijaba restricciones por departamento, de manera que el control se realizaría únicamente a nivel provincial. Desde el oficialismo sostienen que este esquema resulta más equilibrado y permite una distribución más flexible de las inversiones.
La iniciativa también dispone que todas las operaciones de compra deberán inscribirse en los registros inmobiliarios provinciales, donde quedará asentada la nacionalidad del comprador. En los casos en que intervengan empresas con participación estatal extranjera, la adquisición requerirá la autorización tanto del gobierno provincial correspondiente como del Poder Ejecutivo Nacional.
Durante su exposición, Bullrich remarcó que la propiedad privada de un inmueble no implica ejercer soberanía sobre el territorio. En ese sentido, afirmó que el Estado mantiene plenamente sus facultades para aplicar las leyes y ejercer el control sobre cualquier porción del país, independientemente de la nacionalidad de los propietarios.
Sin embargo, el proyecto despertó cuestionamientos desde distintos sectores políticos. Entre las principales críticas figura la eliminación de algunos límites vigentes, como la restricción que impedía que una misma nacionalidad concentrara más del 30 por ciento del cupo permitido para compradores extranjeros. También se plantea la eliminación de topes individuales de superficie, como el límite de mil hectáreas en determinadas zonas agrícolas consideradas estratégicas.
Otro de los puntos que genera debate es el tratamiento de las áreas de frontera. Aunque la nueva versión del proyecto mantiene la obligación de obtener autorizaciones de la Nación y de las provincias para concretar ventas en esas regiones, algunos legisladores consideran que las modificaciones podrían facilitar la concentración de tierras en sectores considerados sensibles desde el punto de vista estratégico.
Las observaciones también alcanzan a la reforma de la Ley de Manejo del Fuego. El texto limita las restricciones para cambiar el uso del suelo después de un incendio únicamente a los bosques nativos protegidos por la legislación específica. De esta manera, otros ecosistemas como humedales, estepas y pastizales dejarían de contar con las mismas limitaciones que rigen actualmente, un aspecto que genera preocupación entre quienes defienden mayores estándares de protección ambiental.
En paralelo, el proyecto incorpora cambios vinculados al régimen de expropiaciones. Según explicó el oficialismo, la propuesta busca establecer con mayor claridad los criterios de compensación económica cuando el Estado decida expropiar un inmueble, garantizando el pago correspondiente a los propietarios.
Mientras tanto, las negociaciones políticas continúan desarrollándose contrarreloj. El oficialismo asegura estar cerca de reunir los votos necesarios para aprobar la iniciativa, aunque todavía existen legisladores cuyo posicionamiento permanece indefinido. Ese escenario mantiene abiertas todas las posibilidades de cara a una sesión que podría extenderse durante varias horas y cuyo resultado dependerá de acuerdos de último momento.
Al mismo tiempo, diversas organizaciones sociales, ambientales y sectores de la oposición convocaron movilizaciones frente al Congreso para expresar su postura durante el tratamiento del proyecto. En ese contexto, la expectativa crece tanto dentro como fuera del recinto, ya que la definición legislativa podría modificar de manera significativa el marco regulatorio sobre la propiedad de las tierras rurales en Argentina y abrir un nuevo capítulo en el debate sobre inversiones, desarrollo productivo, soberanía y protección del territorio nacional.
