El nuevo régimen penal juvenil abrió un debate en Chilecito sobre la manera en que la Justicia debe abordar los delitos cometidos por adolescentes. En ese contexto, el juez Jorge Jalil cuestionó que la edad de imputabilidad se haya establecido desde los 14 años y consideró que debería mantenerse en los 16.
Las declaraciones surgieron a partir de un caso reciente ocurrido en pleno centro de Chilecito, donde dos adolescentes fueron detenidos luego de protagonizar un robo contra una mujer mayor. De acuerdo con el relato incorporado a la causa, los jóvenes le habrían arrebatado la cartera y el teléfono celular a la víctima, quien cayó al suelo durante el episodio y sufrió una lesión en la cabeza que requirió cuatro puntos de sutura.
El magistrado explicó que el expediente constituye una de las primeras intervenciones bajo el nuevo sistema penal juvenil. Los adolescentes fueron alojados en un espacio destinado específicamente a menores y permanecieron separados de personas adultas durante su detención.
Luego de más de diez días privados de la libertad, el fiscal dispuso la excarcelación. En ese marco, se estableció una caución real de 100 mil pesos para cada adolescente, destinada a responder por los daños ocasionados a la víctima.
La liberación no significa el cierre del proceso. Ambos jóvenes continuarán sujetos al régimen penal juvenil mientras avanza la investigación. Además, existe la posibilidad de alcanzar una solución mediante un acuerdo de reparación del daño entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal.
El caso llevó al juez a expresar reparos sobre la reducción de la edad de imputabilidad. Jalil sostuvo que los adolescentes de 14 años todavía atraviesan una etapa de formación y desarrollo, por lo que consideró que las respuestas judiciales deberían contemplar especialmente herramientas educativas, socioeducativas y de reinserción.
El magistrado también destacó que el nuevo sistema establece distintas alternativas de acuerdo con la gravedad de cada delito. En situaciones en las que las penas previstas no superan determinados límites, pueden aplicarse medidas como trabajos comunitarios, monitoreo electrónico, reglas de conducta y participación en programas educativos o de rehabilitación.
Más allá del aspecto estrictamente judicial, Jalil puso el foco en la prevención. Consideró fundamental fortalecer el papel de las familias y las instituciones educativas y remarcó la necesidad de que los adolescentes comprendan la diferencia entre una conducta propia de la edad y un hecho que constituye un delito.
También mencionó situaciones de vulnerabilidad social y consumo problemático de sustancias entre jóvenes. En ese sentido, planteó que la pobreza no debe ser criminalizada y que las políticas públicas deben contemplar las distintas realidades sociales existentes en el interior provincial.
Para el magistrado, además, no resulta adecuado trasladar automáticamente a ciudades como Chilecito las respuestas diseñadas a partir de problemáticas propias de grandes centros urbanos. Consideró necesario analizar cada caso individualmente, teniendo en cuenta el contexto familiar, educativo y social de cada adolescente.
Durante su exposición también destacó la importancia de la familia como primer ámbito de educación y señaló que el Estado debe acompañar especialmente a los sectores más vulnerables para garantizar igualdad de oportunidades.
Por otra parte, Jalil informó sobre el trabajo realizado para recuperar expedientes antiguos que permanecían pendientes de resolución. Entre ellos mencionó una investigación iniciada en 2012 por un caso de abuso sexual contra una menor. El acusado fue localizado recientemente en Pituil utilizando una identidad falsa y posteriormente detenido.
El magistrado explicó que esa causa continúa bajo su competencia porque se inició antes de la creación del juzgado especializado en menores, violencia y protección integral de niños, niñas y adolescentes de Chilecito.
Así, mientras la Justicia comienza a aplicar el nuevo régimen penal juvenil, el debate sobre la edad de imputabilidad vuelve a instalarse. El desafío planteado pasa por encontrar un equilibrio entre la responsabilidad frente al delito, la reparación para las víctimas y las posibilidades reales de educación y reinserción de los adolescentes.