La organización de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina quedó envuelta en una controversia política y judicial luego de que la diputada nacional Marcela Pagano presentara una denuncia en los tribunales de Comodoro Py por presuntas irregularidades en las contrataciones destinadas a la celebración religiosa y la vigilia con jóvenes realizadas en Buenos Aires.

La presentación judicial apunta contra los procedimientos utilizados para contratar a distintas empresas encargadas de brindar servicios durante los acontecimientos encabezados por el Sumo Pontífice. Según la legisladora, los gastos comprometidos superarían los 20.350 millones de pesos, mientras que uno de los contratos principales habría sido adjudicado de manera directa por un monto de 8.690 millones de pesos, IVA incluido.

La denuncia se concentra especialmente en la contratación de DF Entertainment para organizar la misa del papa León XIV, prevista para el 9 de noviembre, y las actividades posteriores. Pagano solicitó que la Justicia investigue los motivos por los cuales se recurrió a un procedimiento de contratación directa por razones de urgencia, en lugar de avanzar mediante una licitación pública que permitiera una mayor competencia entre los oferentes.

De acuerdo con la documentación presentada, tres empresas habían sido invitadas a participar del proceso: DF Entertainment, Oymyakon y Five Pro Events. Sin embargo, solamente la primera presentó una propuesta económica, que finalmente fue aceptada. La adjudicación se concretó el 23 de octubre, por un total de 8.690 millones de pesos.

Pero los cuestionamientos no terminan allí. La diputada también puso bajo análisis otros cinco procedimientos de contratación por urgencia vinculados con diferentes necesidades técnicas y operativas del evento. Entre los servicios contemplados se encontraban la instalación de generadores eléctricos, estructuras, vallados de seguridad, pantallas LED, equipos de sonido, iluminación y sistemas de transmisión.

Según las estimaciones incluidas en la denuncia, la suma de los seis procedimientos alcanza los 20.350.481.178 pesos. Frente a estos números, Pagano reclamó que se incorporen los expedientes administrativos completos, las ofertas presentadas, los contratos firmados y las facturas correspondientes, con el objetivo de determinar cómo se distribuyeron los recursos públicos y quiénes participaron de las decisiones.

Otro de los aspectos que despertó cuestionamientos está relacionado con las empresas Tech Security SRL y Purgato SA. La primera habría tenido a su cargo tareas de seguridad durante el acontecimiento, mientras que la segunda fue mencionada como una posible prestadora del servicio de limpieza, aunque la propia legisladora aclaró que no pudo confirmar esta última contratación.

La denuncia también hace referencia a presuntos vínculos societarios entre estas compañías y personas relacionadas con el entorno de la familia Menem. En los registros mencionados aparecen Fernando Nicolás Menem y Pablo Ariel Vázquez vinculados a ambas firmas. Además, Eduardo Adrián Menem figura relacionado con Tech Security.

En ese sentido, Pagano solicitó investigar las contrataciones, los montos abonados y las modalidades utilizadas, ya que, según señaló, no encontró información pública suficiente para establecer quién contrató a Tech Security, cuánto cobró por sus servicios y bajo qué condiciones se realizó el acuerdo. También pidió revisar los posibles vínculos comerciales entre estas empresas y DF Entertainment desde 2024.

Por otra parte, el contrato de DF Entertainment contemplaba una amplia variedad de prestaciones, entre ellas el armado de carpas, la seguridad, la limpieza, el control de accesos y el servicio de catering VIP. También incluía la recepción y ubicación de invitados en un sector reservado con capacidad aproximada para 4.000 personas.

De esta manera, una celebración religiosa que reunió a una multitud de fieles y formó parte de una visita histórica para la Argentina quedó atravesada por una discusión sobre el manejo de los recursos públicos. Ahora será la Justicia la que deberá determinar si existieron irregularidades administrativas, posibles incompatibilidades o responsabilidades penales en los procedimientos cuestionados. Por el momento, los hechos mencionados forman parte de una denuncia y deberán ser investigados para establecer si hubo conductas ilegales.