Una nueva denuncia judicial puso bajo la lupa una presunta maniobra administrativa atribuida a Juan Antonio Azic, exintegrante de la Prefectura Naval Argentina y condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. La acusación sostiene que habría intentado conservar un beneficio previsional que perdió luego de ser expulsado de la fuerza como consecuencia de las condenas acumuladas.
Azic integró desde 1969 el Servicio de Inteligencia de la Prefectura y, a partir de 1976, estuvo vinculado a las actividades represivas desarrolladas en la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los principales centros clandestinos de detención de la última dictadura.
Durante esos años, según quedó establecido judicialmente, participó en operativos e interrogatorios y estuvo involucrado en casos de apropiación de menores nacidos en cautiverio. Entre las víctimas se encuentra Victoria Donda Pérez, quien fue apropiada cuando era bebé y cuya identidad pudo ser restituida años después. También fue condenado por la apropiación de Carla Ruiz Dameri, nacida en 1980 en el centro clandestino de la Marina.
Las condenas contra Azic comenzaron a acumularse desde 2011. Recibió distintas penas por su participación en los crímenes cometidos en la ESMA y por su intervención en el plan sistemático de apropiación de bebés. En 2017 recibió una condena a prisión perpetua. Actualmente cumple prisión domiciliaria.
El punto central de la nueva denuncia se relaciona con su situación previsional. La Prefectura Naval Argentina dispuso su exoneración el 9 de septiembre de 2020, luego de un proceso destinado a determinar qué condenados debían ser dados de baja de la fuerza. La consecuencia de esa decisión era la pérdida del retiro y de otros beneficios vinculados con su condición de integrante de la institución.
Sin embargo, una investigación posterior detectó que el beneficio previsional continuaba vigente. A partir de allí se reconstruyó una presunta estrategia destinada a evitar que los haberes fueran interrumpidos.
Según la denuncia, Azic habría declarado que mantenía una relación de convivencia con Mirta Gladys Abrego, hermana de su esposa fallecida. En noviembre de 2020 sostuvo ante la Justicia que ambos mantenían desde hacía años una relación afectiva estable y que compartían un proyecto de vida. Meses después, Abrego comenzó a percibir el retiro.
Pero distintos informes realizados durante la ejecución de la pena presentan una versión diferente. En documentación vinculada con su prisión domiciliaria, Abrego había sido identificada anteriormente como su cuñada. Además, relevamientos socioambientales posteriores indicaron que no convivía con Azic y que el condenado residía solo.
Una visita realizada recientemente al domicilio de Azic volvió a poner en duda la supuesta convivencia. Durante el procedimiento, Abrego no se encontraba en la vivienda y, de acuerdo con la denuncia, el propio Azic insistió en sostener que ambos convivían.
Para la fiscalía, estos elementos podrían ser compatibles con una maniobra destinada a incorporar información falsa ante organismos públicos para mantener indirectamente un beneficio previsional que había quedado suspendido tras su expulsión de la fuerza.
La denuncia por una presunta falsificación y fraude contra la seguridad social quedó en manos de la Justicia Federal. El caso vuelve así a poner el foco sobre los mecanismos utilizados por condenados por delitos de lesa humanidad para conservar beneficios económicos que podrían haber perdido como consecuencia de sus sentencias.
Mientras la investigación avanza, el expediente deberá determinar si existió efectivamente una falsificación documental, quiénes participaron de la maniobra y cuál fue el perjuicio ocasionado al sistema previsional. El caso también reabre el debate sobre los beneficios que continúan percibiendo personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos.
