La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas nuevos elementos que lejos de aclarar la situación, profundizan las dudas en torno a la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. Las declaraciones de dos jubiladas, señaladas como vendedoras del inmueble, dejaron más interrogantes que certezas ante la Justicia.
Durante su presentación ante el fiscal Gerardo Pollicita, ambas mujeres aseguraron no conocer en detalle la operación inmobiliaria, ya que —según indicaron— fueron sus hijos quienes se encargaron de gestionar la transacción. Esta falta de precisión también se extendió a las refacciones realizadas en el departamento, que pasó de estar en muy mal estado a lucir completamente renovado en pocos meses.
Las imágenes exhibidas durante la audiencia mostraron un contraste evidente entre el estado original del inmueble, adquirido previamente al exfutbolista Hugo Morales, y su aspecto posterior, tras una remodelación integral que incluyó baños, cocina, pisos, espacios exteriores y equipamiento completo. Sin embargo, las testigos no pudieron explicar quién financió esas obras ni cuánto dinero se invirtió, un punto clave que ahora busca esclarecer la fiscalía.
El expediente también pone bajo la lupa las condiciones de la compra. Según trascendió, Adorni habría abonado inicialmente 30.000 dólares y diferido el pago de otros 200.000 sin intereses durante un año. Este esquema de financiamiento resulta inusual, especialmente considerando que las vendedoras no presentan un perfil económico que justifique una operación de estas características sin obtener beneficios financieros claros.
A esto se suma que el valor de reventa del inmueble —230.000 dólares— no coincide con los precios de mercado en la zona, donde el metro cuadrado es considerablemente más alto. Incluso, se señaló que la propiedad había sido ofrecida anteriormente a un valor muy superior, lo que alimenta las sospechas sobre posibles irregularidades en la transacción.
Otro de los focos de la investigación apunta al crecimiento patrimonial del funcionario y su entorno familiar. Además del departamento, se analizan otros gastos relevantes, como pagos vinculados a una propiedad en un country, costos educativos, servicios y viajes al exterior. En este sentido, también se confirmó un viaje familiar a Aruba realizado en 2024 en primera clase, lo que incrementa las dudas sobre la coherencia entre ingresos y nivel de vida.
Una de las hipótesis que maneja la fiscalía es que podría haberse montado una operación simulada para justificar tanto la adquisición del inmueble como las costosas refacciones. Bajo esta línea, se investiga si el departamento fue financiado en realidad con fondos del propio funcionario, utilizando intermediarios para encubrir el origen del dinero.
Las testimoniales continuarán en los próximos días, con la citación de personas clave que habrían intervenido en la operación. El avance de la causa dependerá en gran medida de la documentación que se presente y de la posibilidad de reconstruir con precisión el circuito financiero detrás de la compra y remodelación del inmueble.
En un escenario cada vez más complejo, la investigación judicial busca determinar si se trató de una operación legítima o de un entramado diseñado para ocultar un crecimiento patrimonial que no se condice con los ingresos declarados.