En una maniobra que busca ganar tiempo y descomprimir la presión judicial, el Gobierno nacional presentó un escrito ante la justicia federal de Campana en el que se compromete a comenzar con la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La presentación llegó sobre el límite del plazo fijado por el juez Adrián González Charvay, quien había intimado al Ejecutivo a asignar fondos concretos a la norma bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas a varios ministros y funcionarios del gabinete libertario.
La respuesta oficial, canalizada a través de la Procuración del Tesoro, logró frenar momentáneamente la amenaza de multas, pero no despejó las dudas de las organizaciones del colectivo de discapacidad que impulsaron el amparo judicial. La desconfianza persiste, especialmente luego de decisiones recientes del Gobierno, como el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad y su degradación institucional a una simple secretaría dentro del Ministerio de Salud, un hecho que fue interpretado como una señal de retroceso en la jerarquización de las políticas públicas del sector.
En el escrito presentado ante la justicia, el Ejecutivo sostiene que prevé implementar a futuro aumentos en las partidas destinadas tanto al sistema de prestaciones como al otorgamiento de pensiones por discapacidad, fondos que no estaban contemplados en el presupuesto proyectado para 2026. Entre las cifras mencionadas figura un incremento cercano a los 6,9 billones de pesos para pensiones, casi el doble de lo asignado para el año en curso, y otros 1,1 billones destinados a instituciones que brindan servicios de apoyo en salud, educación y rehabilitación.
Sin embargo, el documento oficial omite definiciones centrales que son consideradas imprescindibles por las organizaciones demandantes. No se incluyó un proyecto de decreto reglamentario de la ley, principal reclamo del amparo, ni se detallaron eventuales actualizaciones del nomenclador que fija el valor de las prestaciones que luego deben cubrir prepagas, obras sociales y programas estatales. Tampoco se explicó cómo se instrumentará la condonación de deudas que mantienen con el Estado numerosas instituciones, como escuelas especiales y centros de rehabilitación, asfixiadas financieramente por el ajuste.
Ahora será el juez González Charvay quien deberá evaluar si la propuesta presentada por el Gobierno resulta suficiente o si, por el contrario, se trata de un compromiso impreciso que posterga la aplicación efectiva de la ley. Mientras tanto, las organizaciones del colectivo ya trabajan en una respuesta judicial para exigir mayor claridad, plazos concretos y garantías reales de financiamiento.
En este contexto, los ministros que estaban bajo la amenaza de sanciones económicas, entre ellos el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, obtuvieron un respiro temporal de al menos algunas semanas. El conflicto, sin embargo, está lejos de cerrarse. Tras el veto presidencial inicial y la posterior reglamentación sin fondos, la presión social y judicial se mantiene. La expectativa ahora está puesta en si la insistencia del colectivo de discapacidad logrará que la ley deje de ser una promesa y se convierta, finalmente, en una política efectiva.
