El cierre del año quedó marcado por una decisión del Gobierno nacional que provocó un profundo malestar en el colectivo de personas con discapacidad, sus familias y organizaciones sociales. La eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad y su absorción por el Ministerio de Salud fue anunciada oficialmente en una conferencia de prensa y rápidamente encendió críticas por lo que muchos consideran un retroceso en materia de derechos y políticas públicas.
Diversas voces del ámbito social, cultural y militante señalaron que la medida no es un hecho aislado, sino la continuidad de un discurso y una práctica que, a lo largo del año, se percibieron como hostiles hacia las personas con discapacidad. Desde este enfoque, se remarcó la contradicción entre los compromisos asumidos por el Estado en tratados internacionales y las decisiones adoptadas en la gestión cotidiana.
Organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos advirtieron que la eliminación de la agencia implica abandonar el modelo social de la discapacidad, consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para regresar a una mirada centrada exclusivamente en lo médico y rehabilitador. Según estos espacios, el traspaso de funciones al Ministerio de Salud reduce a las personas con discapacidad a la condición de pacientes, dejando de lado su reconocimiento como sujetos plenos de derechos.
Desde el activismo, se remarcó que la discapacidad no puede abordarse únicamente desde el sistema sanitario, ya que atraviesa dimensiones clave como la educación, el acceso al trabajo, el transporte, la vivienda y la vida cotidiana. En ese sentido, se defendió la necesidad de un organismo específico que articule políticas integrales y garantice igualdad de oportunidades.
El Gobierno justificó la medida señalando presuntas irregularidades administrativas y la necesidad de transparentar la gestión, prometiendo mayor control, auditorías permanentes y criterios sanitarios unificados. También se anunció una reducción significativa de la estructura jerárquica, bajo el argumento de eliminar superposiciones y burocracia. Sin embargo, estas explicaciones no lograron disipar las críticas, especialmente en un contexto atravesado por denuncias de corrupción que continúan siendo investigadas en la Justicia.
Para quienes viven la discapacidad en primera persona, la decisión genera una profunda sensación de incertidumbre. La desaparición de la agencia deja interrogantes abiertos sobre cómo se garantizarán las pensiones, las terapias y las prestaciones básicas. La falta de claridad sobre los mecanismos de funcionamiento futuros incrementa la preocupación, especialmente entre quienes dependen de un sistema estatal que les brinde respuestas concretas.
Aun así, se subrayó que la disolución del organismo no elimina las obligaciones legales del Estado. La Ley de Emergencia en Discapacidad sigue vigente y su cumplimiento es obligatorio, independientemente de los cambios institucionales. En ese marco, se recordó que las responsabilidades políticas y administrativas continúan, al igual que las investigaciones en curso.
El cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad se inscribe, según distintos referentes, en un escenario más amplio de deterioro de derechos humanos. Para el colectivo de personas con discapacidad, este final de año no solo deja un balance negativo, sino también el desafío de sostener la lucha por la inclusión, la igualdad y el pleno ejercicio de derechos en un contexto cada vez más adverso.
