El Gobierno dio a conocer los principales lineamientos del proyecto elaborado por el Consejo de Mayo, un documento que reúne meses de trabajo y que será debatido próximamente en el Congreso. Este informe final toma como base los diez puntos del Pacto de Mayo y apunta a impulsar reformas en materia tributaria y laboral, con el objetivo —según expresan desde la administración— de modernizar el sistema productivo y aliviar parte de la carga que enfrentan empresas y trabajadores.
Uno de los ejes más destacados es la reforma laboral, concebida como una propuesta “moderada”, aunque orientada a ampliar los márgenes de flexibilización dentro de distintos sectores. Entre los cambios previstos figura la incorporación del banco de horas, un mecanismo que permitiría reorganizar las jornadas laborales a partir de un acuerdo voluntario entre empleadores y empleados. La idea es que las horas extra trabajadas en un día puedan compensarse con una jornada reducida en otro, siempre que no se exceda el máximo legal semanal o el límite que establezca cada convenio colectivo. Este sistema busca otorgar mayor autonomía y adaptabilidad en la distribución del tiempo de trabajo.
En el plano fiscal, el proyecto propone un alivio que impactaría en empresas y pymes a partir de 2026. La intención es reducir las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para sociedades, modificando el artículo 73 de la ley vigente. Allí, donde actualmente figura una tasa del 30%, se pasaría a 27%; y donde hoy rige el 35%, se aplicaría un 31,5%. Según el texto, esta medida apunta a fortalecer la actividad económica y fomentar la competitividad del sector privado.
La iniciativa incluye además una exención para los alquileres de inmuebles destinados a vivienda, mediante cambios en el artículo 26 de la Ley de Ganancias. De aprobarse, las rentas obtenidas por alquileres de casa-habitación quedarían fuera del pago del tributo, una medida que podría repercutir en el mercado inmobiliario.
Otro punto clave del proyecto es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, pensado como un esquema de apoyo para que los empleadores del sector privado puedan hacer frente a los costos derivados del fin de una relación laboral. Este fondo funcionaría como un respaldo, sin reemplazar el sistema indemnizatorio actual, que se mantiene intacto. Solo se aplicaría para trabajadores registrados y con al menos 12 meses de antigüedad, dejando afuera a los no registrados y a quienes están bajo regímenes especiales como la construcción o el empleo doméstico.
Si bien aún resta conocer en detalle la redacción final que ingresará al Senado, lo presentado hasta ahora anticipa un debate intenso sobre el rumbo laboral y tributario del país, en un contexto donde la competitividad económica y los derechos laborales vuelven a estar en el centro de la agenda pública.