La Rioja transita una semana decisiva en su extensa disputa con el Gobierno nacional por la restitución del punto de coparticipación que le fue retirado en 1988. Cuatro décadas después, el conflicto vuelve a colocarse en el centro del tablero federal, y lo hace con una audiencia clave convocada por la Corte Suprema de Justicia. Este miércoles, el máximo tribunal recibirá a las partes en una instancia preliminar prevista en el artículo 360 del Código Procesal Civil y Comercial, un paso formal que podría abrir la puerta a un proceso de conciliación.
El fiscal de Estado, Emilio Rodríguez, confirmó que la Provincia asistirá con una postura firme y clara: solicitar que se habilite el diálogo. En sus palabras, se trata de una “oportunidad inmejorable” para avanzar hacia una solución que cierre un reclamo que lleva casi 40 años sin resolverse. La demanda original, presentada en 2017, estimaba la deuda en más de 9.000 millones de pesos de aquel entonces. Sin embargo, la actualización de ese cálculo arroja hoy un monto que rondaría los 1.300 millones de dólares, una cifra que dimensiona el impacto económico que este diferendo tiene para el territorio riojano.
Rodríguez explicó que, si la Nación acepta abrir la instancia conciliatoria, se habilitaría una mesa técnica y política que trabajaría durante un plazo de entre 30 y 60 días. Allí confluirían representantes provinciales, legisladores, equipos especializados y autoridades nacionales, incluido el Ministerio del Interior. Para el funcionario, un acuerdo no solo es posible, sino también conveniente para ambas partes. La Provincia insiste en que las herramientas políticas y el diálogo pueden destrabar un conflicto que atraviesa a administraciones de distinto signo desde 1988.
En ese sentido, recordó que todos los gobiernos nacionales reconocieron la compensación correspondiente a La Rioja, ya sea mediante partidas específicas o mecanismos alternativos de pago, excepto la gestión actual, que —según remarcó— no realizó transferencias vinculadas a este concepto. Para la Provincia, la deuda no es un reclamo administrativo más: es un derecho de los riojanos. Afecta obras de infraestructura, servicios esenciales y la planificación de políticas públicas.
La audiencia ante la Corte se enmarca dentro de varios expedientes conexos. Por un lado, continúa pendiente la discusión sobre el punto de coparticipación original; por otro, avanza una acción más reciente por fondos compensatorios, iniciada tras la interrupción de transferencias nacionales. La Rioja buscará además que el máximo tribunal unifique todas las causas, con el fin de evitar resoluciones fragmentadas y acelerar una definición integral.
Si bien la Provincia llega con expectativas positivas, tampoco descarta un escenario menos favorable. Rodríguez admitió que existe la posibilidad de que Nación rechace la conciliación desde el inicio, aunque reafirmó que no renunciarán a ninguna instancia de diálogo. De concretarse la apertura de esta vía, sería el primer intento real en décadas para encaminar una solución definitiva a un reclamo histórico.
En un contexto nacional marcado por tensiones fiscales y discusiones sobre el federalismo, lo que ocurra este miércoles será una señal determinante. Para La Rioja, podría representar el inicio de un proceso capaz de modificar profundamente su situación financiera y redefinir su relación con Nación.
