En un escenario político atravesado por tensiones y negociaciones constantes, el oficialismo en la Cámara de Diputados comienza a recalcular su hoja de ruta. La intención inicial de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, conocidas como PASO, pierde fuerza ante la falta de respaldo legislativo suficiente. Frente a este panorama, el bloque libertario ya reconoce que no cuenta con los votos necesarios para avanzar con la eliminación total del sistema y, en cambio, orienta sus esfuerzos hacia una alternativa intermedia: la suspensión.
La estrategia no es nueva. Se trata de un camino ya transitado en elecciones anteriores, bajo el argumento de reducir costos y aliviar la carga electoral sobre la ciudadanía. Desde el oficialismo sostienen que mantener las PASO implica un gasto innecesario en un contexto económico complejo, y apelan a ese razonamiento para intentar sumar adhesiones.
Sin embargo, el escenario parlamentario presenta resistencias claras. Sectores del radicalismo, el PRO y Unión por la Patria coinciden en defender la continuidad de las primarias como herramienta clave para dirimir candidaturas dentro de los partidos. Incluso, algunos espacios consideran que eliminar o suspender las PASO podría debilitar la competencia interna y afectar la representación democrática.
En paralelo, el proyecto de reforma política que impulsa el Ejecutivo incluiría modificaciones sensibles, como la eliminación del financiamiento público de los partidos y campañas electorales. Esta propuesta genera fuertes cuestionamientos, especialmente desde el peronismo, donde advierten que podría abrir la puerta a una “privatización de la política”, favoreciendo a sectores con mayor capacidad económica y poniendo en riesgo la equidad electoral, particularmente para los partidos más pequeños.
A este paquete de reformas se suman otras iniciativas que ya generan debate. Entre ellas, cambios en la Ley de Discapacidad, con posibles restricciones en el acceso al Certificado Único de Discapacidad; modificaciones en la Ley de Salud Mental, que implicarían revisar un paradigma vigente desde 2010 centrado en los derechos de las personas; y una nueva propuesta de financiamiento universitario que plantea incrementos fijos en lugar de actualizaciones periódicas atadas a la inflación.
Mientras tanto, el oficialismo también busca avanzar con proyectos como la denominada “Ley Hojarasca”, que propone derogar decenas de normativas consideradas obsoletas. En este caso, confían en contar con el respaldo necesario para obtener media sanción en el corto plazo.
En medio de este clima político, la Cámara de Diputados se prepara para una jornada clave el próximo 29 de abril, cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presente para brindar su informe de gestión. Se anticipa una sesión intensa, atravesada por cuestionamientos de la oposición, aunque con diferencias internas respecto al tono y la estrategia a adoptar.
Así, entre acuerdos frágiles, proyectos en disputa y una agenda cargada, el oficialismo enfrenta el desafío de sostener su programa de reformas en un Congreso donde cada voto cuenta y donde las definiciones parecen estar lejos de ser sencillas.