La ciudad de Rosario volvió a quedar en el centro de la escena provincial, esta vez no por un hecho delictivo, sino por un conflicto que nace desde el corazón mismo del sistema de seguridad. A más de 24 horas de iniciado el reclamo, este martes por la noche continuaban las protestas frente a la Jefatura de la Unidad Regional II. Patrulleros alineados sobre la calle Ovidio Lagos, con sirenas encendidas durante horas, se convirtieron en la imagen más elocuente de una crisis que escaló rápidamente.
El detonante fue el desalojo, el lunes por la noche, de un grupo de agentes que se había concentrado para reclamar mejoras salariales y condiciones laborales. La intervención directa del jefe de la Policía provincial generó momentos de fuerte tensión. A partir de ese episodio, el gobierno decidió pasar a disponibilidad a 20 oficiales, a quienes acusó de promover acciones violentas y de haber paralizado móviles en servicio. En paralelo, el Ministerio Público de la Acusación inició una investigación para determinar si hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
El trasfondo del conflicto remite a un clima de malestar que se profundizó tras el suicidio del oficial Oscar “Chimi” Valdéz en el predio de la Jefatura rosarina días atrás. Ese hecho encendió alarmas sobre las condiciones laborales y el acompañamiento psicológico dentro de la fuerza. Como respuesta, el Ejecutivo anunció un plus salarial para el personal de calle y una batería de beneficios vinculados al transporte, alojamiento y salud mental. Sin embargo, el paquete dejó afuera a sectores como retirados, personal administrativo y efectivos en disponibilidad, lo que amplió el descontento.
Desde el gobierno provincial, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, sostuvo que sobre un reclamo que consideraban legítimo se montaron intereses sectoriales que derivaron en conductas antijurídicas. Afirmó que la paralización de patrulleros implicó un riesgo concreto para la ciudadanía y advirtió que este tipo de acciones “cruzan una línea”, al impactar de lleno en una política de seguridad que la gestión considera exitosa, especialmente por la baja en los índices de homicidios.
Del lado de los manifestantes, voceros del grupo señalaron que el reclamo comenzó de manera pacífica y que se agravó tras los incidentes del lunes. También cuestionaron el carácter no remunerativo del plus anunciado y reclamaron una recomposición salarial integral que alcance a toda la fuerza, sin distinciones.
Un intento de reunión en la sede de Gobernación terminó envuelto en confusión y versiones cruzadas. Mientras los manifestantes hablaron de una convocatoria frustrada, desde el Ministerio señalaron que no existió una citación formal, aunque reconocieron contactos informales para destrabar el conflicto. Por la noche, las autoridades admitieron dificultades para establecer una interlocución clara con los referentes del reclamo, aunque aseguraron que la operatividad policial estaba garantizada.
El “sirenazo” no solo expone una disputa salarial. También revela una tensión profunda dentro de la estructura policial, en una provincia donde la seguridad es uno de los ejes centrales de la gestión. Con las sirenas aún resonando frente a la Jefatura, el conflicto permanece abierto y con final incierto.