La Provincia de La Rioja dio un paso trascendental en su reclamo por fondos que considera legítimamente propios, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitara formalmente un proceso de conciliación con el Estado Nacional. Así lo informó el gobernador Ricardo Quintela, quien calificó esta instancia como un avance significativo dentro de un reclamo que se sostiene desde hace décadas y que atraviesa distintas gestiones, más allá de los signos políticos.
Desde el Ejecutivo provincial destacaron que esta etapa de conciliación representa una oportunidad largamente esperada para encauzar por la vía del diálogo judicial un conflicto que tiene profundas raíces históricas. Se trata, según se explicó, de una demanda iniciada en 2017, cuando la Provincia reclamó el reintegro de un punto de coparticipación que permanece pendiente desde 1988. En aquel momento, el monto reclamado superaba los 9.000 millones de pesos, pero con el paso del tiempo, las actualizaciones y los intereses acumulados, la deuda habría escalado a una cifra cercana a los 1.300 millones de dólares.
El gobernador remarcó que este proceso forma parte de una lucha sostenida por La Rioja en defensa de recursos que, aseguran, pertenecen a cada riojana y riojano. En ese sentido, subrayó que el reclamo no se basa en pedidos de privilegios, sino en la búsqueda de equidad y cumplimiento de la ley. “Nunca se regaló nada en este camino”, señalaron desde la Provincia, recordando que cada avance ha sido producto de insistencias y acciones concretas ante la falta de respuestas por otras vías.
La conciliación habilitada contempla la apertura de una mesa de negociación que podría extenderse entre 30 y 60 días. De ese espacio formarán parte equipos técnicos, legisladores, el propio gobernador y autoridades nacionales, entre ellas el área del Ministerio del Interior. Será allí donde se buscará avanzar en acuerdos que permitan, finalmente, saldar una deuda que la Provincia considera impostergable.
Además del reclamo original por el punto de coparticipación, también se incluirá la acción más reciente vinculada a fondos compensatorios que fueron impulsados por el Gobierno riojano luego del freno en las transferencias nacionales. Este punto resulta clave, ya que en los últimos tiempos el impacto de esas interrupciones se hizo sentir con fuerza en las finanzas provinciales y en la capacidad de sostener políticas públicas.
Desde el Ejecutivo provincial insistieron en que esta instancia no debe interpretarse como un enfrentamiento con nadie, sino como una oportunidad para ordenar una situación histórica. “Conciliar para acordar, acordar para garantizar”, fue una de las expresiones que resume el espíritu con el que La Rioja encara este proceso. El objetivo, sostienen, es asegurar recursos que permitan continuar con obras, programas y políticas que impactan directamente en la calidad de vida de la población.
La habilitación de esta conciliación genera expectativas en distintos sectores de la provincia, que observan con atención cada paso de un proceso que puede marcar un antes y un después en la relación financiera entre La Rioja y la Nación. Después de años de reclamos, el diálogo judicial aparece ahora como una vía concreta para intentar cerrar una deuda histórica que sigue siendo una de las principales banderas de la gestión provincial.