Las recientes modificaciones introducidas por el Gobierno nacional en la política migratoria continúan generando un intenso debate entre especialistas en derecho, derechos humanos y ciencias sociales. Una de las voces más reconocidas en este ámbito expresó su preocupación por el alcance del Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026, al considerar que amplía las facultades del Estado para restringir el ingreso o disponer la expulsión de ciudadanos extranjeros en función de criterios que, según sostiene, resultan ambiguos y pueden dar lugar a interpretaciones arbitrarias.

La investigadora, con una extensa trayectoria en el estudio de las migraciones, explicó que el nuevo decreto incorpora como causal de prohibición de ingreso y expulsión la difusión o incitación de mensajes considerados de odio contra la Argentina. Sin embargo, advirtió que la norma no define con precisión qué expresiones pueden encuadrarse dentro de esa categoría, lo que, a su entender, genera incertidumbre entre quienes residen o desean ingresar al país.

En ese sentido, señaló que la falta de límites claros podría dificultar la distinción entre discursos discriminatorios y el ejercicio legítimo de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la crítica o la protesta. También planteó interrogantes sobre el rol que deberán desempeñar las autoridades migratorias al momento de interpretar estas situaciones, una facultad que, según afirmó, incrementa la discrecionalidad administrativa.

La especialista consideró que esta decisión no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de un proceso más amplio que definió como un endurecimiento progresivo de la política migratoria argentina. Según explicó, entre 2024 y 2025 se modificaron mediante decretos distintas normas vinculadas con migraciones, asilo, naturalización, acceso a la educación superior y al sistema de salud, cambios que, desde su perspectiva, alteraron un modelo que durante años estuvo basado en la ampliación de derechos.

Asimismo, recordó que una de las reformas más discutidas permitió establecer aranceles para determinados servicios de salud y educación superior destinados a extranjeros que no cuentan con residencia permanente. A su juicio, estas medidas representan un retroceso respecto de las políticas implementadas durante las últimas décadas, cuando Argentina era reconocida por promover un enfoque inclusivo en materia migratoria.

Otro de los aspectos cuestionados fue la implementación de un régimen de ciudadanía por inversión, que habilitaba la posibilidad de acceder a la nacionalidad argentina mediante inversiones consideradas relevantes. La académica sostuvo que ese mecanismo generaba diferencias entre grandes inversores y migrantes comunes, además de plantear interrogantes sobre el procedimiento para otorgar la ciudadanía. Recordó que la Justicia suspendió esa iniciativa al entender que involucraba competencias reservadas al Congreso Nacional y podía entrar en conflicto con principios constitucionales.

En relación con la denominada campaña de mensajes hostiles hacia la Argentina surgida tras el último Mundial de fútbol, la investigadora sostuvo que las expresiones de rechazo provinieron de distintos sectores políticos internacionales y respondieron a motivaciones diversas. En ese contexto, consideró que el nuevo decreto constituye una respuesta de carácter simbólico antes que una herramienta eficaz para enfrentar la discriminación o la xenofobia.

Finalmente, la especialista reflexionó sobre el debate en torno al racismo y la hospitalidad en la Argentina. Reconoció que persisten desigualdades y prácticas discriminatorias, como ocurre en gran parte de América Latina, pero destacó que durante casi dos décadas el país desarrolló una legislación considerada de avanzada en materia migratoria y de asilo, con políticas orientadas a garantizar el acceso de nacionales y extranjeros a derechos fundamentales como la salud, la educación y la justicia.

A modo de cierre, afirmó que las recientes reformas representan un cambio profundo respecto de ese paradigma basado en los derechos humanos. Desde su mirada, el país atraviesa un proceso de transformación que modifica el vínculo entre el Estado y la población migrante, abriendo un debate que continúa generando posiciones encontradas sobre el equilibrio entre el control migratorio, la seguridad y la protección de las libertades individuales.