La tensión en el Hospital Garrahan sumó en las últimas horas un capítulo clave. En medio de un conflicto que lleva meses y que incluyó protestas, descuentos salariales y amenazas de despidos, la Justicia laboral dictó una medida cautelar que suspende los sumarios iniciados contra trabajadores y delegados sindicales. El fallo representa un respaldo a la libertad sindical y pone bajo revisión el accionar de las autoridades del hospital.
El juez laboral Herman Mendel consideró que la apertura y el avance de los sumarios, en el contexto en que se desarrollaron, podían constituir un obstáculo para el ejercicio de la actividad gremial. Señaló que existían elementos para presumir una situación de “persecución y hostigamiento” hacia representantes sindicales y advirtió que la difusión anticipada de posibles sanciones configuraba un antecedente con potencial disciplinador para el resto del personal.
El conflicto se remonta a fines de octubre, cuando trabajadores del centro pediátrico reclamaron una reunión con el interventor Mariano Pirozzo ante la aplicación de fuertes descuentos por días de paro. Según relataron desde la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), hubo casos de salarios cercanos al millón de pesos que sufrieron recortes de hasta el 50 por ciento. La protesta, aseguran, fue pacífica y tuvo como objetivo exigir la devolución de lo descontado y la apertura de una mesa de diálogo.
Tras esa jornada, se abrieron alrededor de 40 sumarios administrativos. Doce de ellos apuntaban a cesantías de delegados y empleados sindicalizados. APyT presentó entonces un amparo y solicitó una medida cautelar para frenar esas actuaciones. La controversia se profundizó cuando, antes de que concluyera la investigación interna, el vocero presidencial Manuel Adorni publicó un mensaje en redes sociales anticipando despidos y sanciones. Desde el hospital también se difundió un comunicado que hablaba de expulsiones, pese a que los trabajadores recién comenzaban a presentar sus descargos.
Para el magistrado, esos pronunciamientos públicos pusieron en duda la imparcialidad del proceso administrativo y pudieron afectar el normal desarrollo de las funciones sindicales. En su resolución, ordenó suspender los sumarios respecto de los doce trabajadores que impulsaron la medida y dispuso que las actuaciones pasen a tramitar en el ámbito judicial, no bajo la órbita de la intervención del hospital.
La decisión no implica el cierre definitivo del conflicto, ya que la intervención puede apelar ante la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Sin embargo, mientras tanto, las sanciones quedan en suspenso.
En paralelo, el malestar persiste. Desde el sector sindical sostienen que, si bien el Gobierno otorgó un aumento salarial del 61 por ciento, cerca de 300 profesionales dejaron la institución en el último tiempo y denuncian un progresivo debilitamiento de servicios. También mencionan la reducción de vacantes en el jardín maternal y cambios en las modalidades de contratación de personal de guardia.
En este escenario, los trabajadores convocaron a un “abrazo” simbólico al hospital para defender la institución y celebrar el fallo. La disputa, que combina reclamos salariales, condiciones laborales y debates sobre gestión, mantiene en vilo a uno de los centros pediátricos más emblemáticos del país y abre un interrogante sobre cómo continuará la relación entre el Gobierno y los equipos de salud.