La Justicia argentina comenzó a analizar los cuestionamientos presentados contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, con el cual el presidente Javier Milei impulsó una profunda reforma del sistema de inteligencia nacional. En estas horas, los tribunales evalúan si corresponde habilitar la feria judicial para tratar los amparos presentados, un paso que podría acelerar definiciones en torno a una norma que ya genera fuerte controversia política, jurídica e institucional.
El DNU fue firmado el 31 de diciembre y publicado oficialmente el 2 de enero. En menos de una semana, se acumularon al menos cinco presentaciones judiciales que buscan frenar sus efectos. El eje común de los planteos es el fortalecimiento de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), a la que el decreto otorga atribuciones ampliadas, entre ellas la posibilidad de detener personas sin orden judicial y de involucrar a las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interna, un punto especialmente sensible dentro del sistema democrático argentino.
Mientras en el Congreso distintos bloques opositores intentan reunir los votos necesarios para rechazar el decreto, como ya ocurrió con una norma previa que asignaba fondos reservados a la SIDE, la discusión se trasladó con fuerza al ámbito judicial. Los amparos fueron presentados por legisladores nacionales, fundaciones, organismos de derechos humanos y espacios de la sociedad civil, todos con argumentos diversos pero coincidentes en la gravedad institucional que, sostienen, implica la reforma.
Este jueves, el juez federal Walter Lara Correa, a cargo de los asuntos durante la feria, decidió dar intervención a la fiscalía para que determine si el caso amerita ser tratado durante el receso judicial. La definición de ese dictamen será clave, ya que podría habilitar el análisis inmediato del fondo de la cuestión.
Entre los principales cuestionamientos aparece la falta de “necesidad y urgencia”, un requisito constitucional indispensable para este tipo de decretos. Algunos planteos señalan que el Poder Ejecutivo tenía herramientas legislativas disponibles, como la prórroga de las sesiones extraordinarias, y advierten sobre el riesgo de avanzar hacia un esquema de control estatal excesivo, donde amplios sectores de la sociedad podrían ser considerados amenazas a la seguridad nacional.
Otros escritos ponen el foco en la ampliación del concepto de contrainteligencia, que permitiría a la SIDE intervenir en ámbitos políticos, sociales e individuales que históricamente estuvieron vedados. También se cuestiona la posibilidad de requerir información personal a otros organismos del Estado e intercambiarla con agencias extranjeras, así como el carácter “encubierto” de todas las acciones de inteligencia, lo que dificultaría el control ciudadano y parlamentario.
Desde sectores comunitarios y de derechos humanos se advirtió que el decreto otorga atribuciones más propias de regímenes autoritarios que de una república democrática, donde deben primar el Estado de Derecho y las garantías constitucionales.
Frente a estas críticas, la SIDE difundió un comunicado defendiendo la reforma y asegurando que no se vulneran los consensos democráticos. El organismo argumentó que se eliminaron funciones de inteligencia criminal y que la urgencia del decreto responde al complejo contexto internacional. Además, anticipó que el Gobierno trabaja en un proyecto de ley más amplio que será enviado al Congreso para un debate de fondo.
En poco más de dos años, el sistema de inteligencia argentino fue modificado de manera sustancial mediante decretos presidenciales, incluyendo la eliminación de la AFI y la reinstauración de la SIDE. Ahora, con la intervención de la Justicia, se abre una etapa decisiva para determinar si estos cambios se ajustan a la Constitución o si cruzan límites que la democracia argentina no está dispuesta a tolerar.
