El diputado José Luis Espert enfrenta un nuevo golpe en medio de la delicada situación política y judicial que atraviesa el país. La Justicia Federal rechazó su pedido para trasladar a los tribunales de Comodoro Py la causa en la que se lo investiga por presunto lavado de activos. El juez Marcelo Martínez de Giorgi y el Ministerio Público Fiscal desestimaron el planteo y confirmaron que el expediente continuará en el fuero federal de San Isidro, donde se originó la denuncia impulsada por el dirigente social Juan Grabois.
El caso se basa en una contabilidad paralela atribuida al empresario Federico Machado —presuntamente vinculado al narcotráfico—, en la que figura un pago de 200 mil dólares al economista y actual legislador de La Libertad Avanza. Ante este panorama, la defensa de Espert, encabezada por los abogados Alejandro Freeland y Santiago Kent, solicitó el traslado de la causa a Comodoro Py con el argumento de unificarla con otra investigación en curso desde 2021, que indaga presuntas irregularidades en los aportes a su campaña presidencial.
Sin embargo, la fiscal Alejandra Mángano consideró que el pedido era “prematuro”, ya que la investigación de San Isidro se encuentra en su fase inicial. En sintonía con ese dictamen, Martínez de Giorgi resolvió mantener el expediente bajo la órbita del juez Lino Mirabelli, quien seguirá adelante con nuevas medidas de prueba.
La decisión representa un duro revés para Espert, que buscaba refugiar su causa en los tribunales más cercanos al poder político. En un contexto de creciente desconfianza hacia la clase dirigente y de crisis institucional, el caso expone una vez más las tensiones dentro del oficialismo y la sombra de presuntos manejos irregulares que golpean la credibilidad del gobierno libertario.
