La investigación por presuntas coimas, sobreprecios y negociados en la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, vuelve a cobrar impulso con una medida que podría abrir una nueva línea de investigación. El fiscal federal Franco Picardi solicitó que Nadia Beller declare como testigo desde Bolivia, donde permanece bajo tratamiento médico tras haber sido víctima de un intento de femicidio.

La abogada había asegurado públicamente que posee grabaciones y mensajes que podrían contener información relevante sobre presuntos hechos de corrupción vinculados con funcionarios y personas cercanas al Gobierno de Javier Milei. Según sus declaraciones, algunas de esas conversaciones también harían referencia al supuesto papel de Karina Milei en una trama de irregularidades.

Beller sostuvo que comenzó a registrar conversaciones con Fernando Cerimedo luego de comenzar a desconfiar de él. Si bien parte de las grabaciones estaría relacionada con cuestiones personales, como la relación entre ambos y presuntas infidelidades, la mujer afirmó que también aparecen referencias a negocios y maniobras que involucrarían a integrantes de la administración nacional.

Uno de los puntos que podría adquirir especial relevancia es su afirmación de que Cerimedo conocía los audios atribuidos al exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se describiría un supuesto sistema de cobro de coimas y distribución de fondos. Beller aseguró que Cerimedo le habría confirmado la autenticidad de esas grabaciones y que también le habló de la participación de personas vinculadas con el entorno presidencial.

El pedido de declaración ya fue enviado a las autoridades judiciales de Bolivia. La intención es que Beller pueda prestar testimonio mediante videoconferencia, con condiciones adecuadas a su actual estado de salud y con presencia de representantes de la Fiscalía boliviana. Por el momento, todavía no se estableció una fecha concreta para la audiencia.

La declaración podría resultar especialmente importante porque la investigación ya cuenta con 19 personas procesadas y alrededor de medio centenar de involucrados bajo investigación. Entre los delitos analizados figuran asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada, cohecho y lavado de activos.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 habría funcionado dentro de ANDIS un esquema destinado a favorecer a determinadas droguerías y empresas mediante contrataciones de medicamentos, insumos y otros productos de alto costo. La investigación detectó presuntos sobreprecios que, en algunos casos, habrían alcanzado niveles extraordinarios: hasta un 2.000 por ciento en medicamentos y alrededor de un 4.000 por ciento en determinados insumos, como sillas de ruedas, elementos de ortopedia y equipamiento especializado.

En paralelo, cobra importancia la situación judicial de Fernando Cerimedo. El consultor, que tuvo participación en campañas digitales vinculadas con Milei, ya había declarado como testigo en la causa ANDIS y había confirmado entonces algunos de los dichos atribuidos a Spagnuolo. Según aquella declaración, habría existido un esquema de aportes porcentuales sobre las facturaciones de determinadas droguerías, con una parte que supuestamente llegaba a la Casa Rosada.

Ahora, Cerimedo enfrenta además investigaciones en Bolivia. Fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Allí se investiga el origen de importantes sumas de dinero que, según la fiscalía, no guardarían relación con sus actividades declaradas como consultor.

Mientras avanzan esas causas, el testimonio de Nadia Beller podría convertirse en una pieza relevante para determinar si existen elementos que permitan profundizar la investigación sobre eventuales conexiones entre el esquema investigado en ANDIS y personas vinculadas con el núcleo político más cercano al Gobierno nacional. La expectativa ahora está puesta en la fecha en que finalmente pueda concretarse su declaración y en el contenido de las pruebas que la abogada afirma tener en su poder.