La investigación judicial que analiza un presunto esquema de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad continúa avanzando y suma nuevos capítulos. En el centro de la escena se encuentra Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, quien enfrenta cuestionamientos por una serie de audios que lo comprometerían en una supuesta trama de irregularidades vinculadas a contrataciones, compra de medicamentos e insumos destinados a personas con discapacidad.
La controversia gira alrededor de unas grabaciones que se hicieron públicas meses atrás y que generaron un fuerte impacto político y judicial. En esos registros se escucha una voz atribuida a Spagnuolo describiendo presuntos mecanismos de recaudación ilegal, sobreprecios y reparto de fondos dentro de la estructura estatal. Sin embargo, la defensa del exfuncionario sostiene que esos audios carecen de validez y cuestiona tanto su origen como su autenticidad.
Lo llamativo del caso es que el propio Spagnuolo y otros involucrados habían reclamado durante meses la realización de peritajes técnicos para determinar si las grabaciones eran genuinas o habían sido manipuladas. Ahora que la Justicia ordenó avanzar con esos estudios, surgió una nueva disputa: el exdirector rechaza entregar una muestra de su voz para realizar el cotejo pericial solicitado por los investigadores.
Según el planteo de su defensa, la obtención de una muestra vocal podría resultar perjudicial para su estrategia jurídica. Los abogados sostienen que las grabaciones podrían haber sido editadas, alteradas mediante herramientas de inteligencia artificial o incluso obtenidas de manera ilegal. Por ese motivo, consideran que colaborar con determinadas medidas periciales podría debilitar otros argumentos defensivos relacionados con la validez de las pruebas.
A pesar de esa negativa, los investigadores entienden que el análisis podrá realizarse igualmente utilizando registros públicos de la voz del exfuncionario, obtenidos de entrevistas, declaraciones o apariciones en medios de comunicación. El objetivo será determinar si la persona que aparece en los audios es efectivamente Spagnuolo y si existió algún tipo de manipulación tecnológica.
La causa, sin embargo, no se apoya exclusivamente en esas grabaciones. La fiscalía sostiene que existen abundantes elementos probatorios incorporados al expediente, entre ellos documentación administrativa, facturas, registros de contrataciones y conversaciones extraídas de teléfonos celulares secuestrados durante la investigación.
De acuerdo con las actuaciones judiciales, ya son más de veinte las personas procesadas por presunta asociación ilícita y otros delitos. Entre ellas figuran exfuncionarios, empresarios y operadores que habrían participado en un esquema destinado a direccionar contrataciones y obtener beneficios económicos mediante sobreprecios millonarios.
Los investigadores afirman que algunos medicamentos habrían sido adquiridos con valores muy superiores a los del mercado, mientras que en otros insumos médicos se detectaron diferencias aún más significativas. Estas maniobras habrían generado un importante perjuicio económico para el Estado.
Mientras se desarrollan nuevas declaraciones indagatorias y continúan las medidas de prueba, la Justicia busca esclarecer tanto la autenticidad de los audios como el alcance real de las presuntas irregularidades. El resultado de los peritajes podría convertirse en una pieza clave dentro de una investigación que sigue creciendo y que mantiene bajo la lupa a exfuncionarios, empresarios y actores vinculados a una de las áreas más sensibles de la administración pública.