La discusión por el régimen de propiedad de las tierras rurales volvió a ocupar un lugar central en la agenda política argentina y ahora suma un nuevo protagonista: los gobernadores. La reciente decisión de la Corte Suprema modificó el escenario judicial y reactivó la disputa alrededor del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que dejó sin efecto las restricciones establecidas por la Ley de Tierras.
El DNU continúa vigente porque, aunque fue rechazado por el Senado en 2024, todavía no recibió el rechazo de la Cámara de Diputados. Para que un decreto de necesidad y urgencia quede definitivamente sin efecto, ambas cámaras deben pronunciarse en contra.
En este contexto, los mandatarios provinciales adquieren especial importancia. Muchos de ellos mantienen vínculos políticos con legisladores que deberán definir su posición cuando el decreto llegue nuevamente al recinto. La postura que adopten podría resultar determinante para el futuro de la normativa relacionada con la propiedad de tierras rurales.
El escenario político se desarrolló mientras el presidente Javier Milei participaba de una agenda oficial en París junto a un grupo de gobernadores y funcionarios nacionales. Entre los mandatarios que integraron la delegación estuvieron Raúl Jalil, de Catamarca; Rolando Figueroa, de Neuquén; y Gustavo Sáenz, de Salta, entre otros.
Las imágenes de los gobernadores junto a integrantes del Gobierno nacional generaron repercusiones políticas, especialmente porque varios de ellos deberán negociar próximamente con la Casa Rosada cuestiones centrales como el Presupuesto 2027 y la eventual suspensión de las PASO.
La resolución de la Corte también produjo distintas reacciones en el Congreso. Mientras sectores de la oposición impulsan el rechazo del DNU 70/2023, el oficialismo comenzó a analizar alternativas en caso de que finalmente no consiga sostenerlo en Diputados.
Una de esas opciones consiste en reflotar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que ya obtuvo media sanción en el Senado pero que anteriormente no consiguió avanzar en la Cámara baja. El proyecto había generado fuertes cuestionamientos y también diferencias dentro del propio oficialismo.
Durante su tratamiento en el Senado se produjeron, además, cruces entre dirigentes de La Libertad Avanza. La entonces vicepresidenta Victoria Villarruel había cuestionado públicamente el proyecto y expresó su rechazo a una iniciativa que, según sus declaraciones, podía afectar cuestiones vinculadas con la soberanía y la propiedad nacional.
Ahora, el oficialismo evalúa si volver a impulsar aquella iniciativa y bajo qué condiciones. Todavía no existe un cronograma definido para su tratamiento en comisiones, aunque el tema comenzó a aparecer nuevamente en las conversaciones dentro del Congreso.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, tendrá un papel importante en las negociaciones con los gobernadores. La búsqueda de acuerdos no se limitará a la discusión por las tierras: también incluirá el Presupuesto 2027 y la eventual eliminación o suspensión de las PASO.
De esta manera, la disputa por el futuro de la Ley de Tierras se transforma en una negociación política de mayor alcance. La decisión judicial modificó el escenario, pero el Congreso conserva un papel decisivo respecto del futuro del DNU 70/2023.
En las próximas semanas, las posiciones de los gobernadores y de los legisladores que responden a ellos serán observadas con especial atención. El debate combinará cuestiones institucionales, intereses provinciales, propiedad rural y las negociaciones entre el Gobierno nacional y las distintas fuerzas políticas.
Mientras tanto, el oficialismo prepara alternativas y la oposición intenta reunir los votos necesarios para avanzar contra el decreto. El resultado de esa disputa todavía dependerá de las negociaciones parlamentarias que se desarrollen en las próximas semanas.