La discusión entre el Gobierno de La Rioja y la administración nacional sumó un nuevo capítulo luego de que el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Fabián Blanco, respondiera a las declaraciones realizadas por Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. El cruce se produjo tras afirmaciones en las que se sostenía que la provincia no enfrentaba una falta de recursos, sino problemas vinculados a su administración financiera.
Frente a esas expresiones, Blanco rechazó el análisis y aseguró que la situación económica de La Rioja no puede evaluarse tomando únicamente los datos de un mes en particular. Según explicó, las referencias realizadas sobre la recaudación de mayo muestran una parte de la realidad, pero omiten el comportamiento general de los ingresos provinciales durante los primeros meses del año.
El funcionario sostuvo que el incremento registrado en mayo responde a factores estacionales vinculados a la recaudación de impuestos nacionales, especialmente aquellos relacionados con Ganancias e IVA. Sin embargo, remarcó que, al observar el panorama completo, la provincia continúa registrando una pérdida significativa de recursos en términos reales.
Para respaldar su posición, detalló que durante el primer cuatrimestre del año La Rioja sufrió una disminución constante en los fondos recibidos en comparación con el mismo período del año anterior. Según indicó, enero registró una caída superior al siete por ciento, febrero mostró una disminución aún mayor, mientras que marzo y abril también reflejaron retrocesos importantes. En términos monetarios, estas reducciones representaron miles de millones de pesos menos para las arcas provinciales.
A esta situación se suma otro punto de conflicto entre ambas administraciones. Desde el Gobierno riojano cuestionan que la Nación haya otorgado anticipos de coparticipación a otras provincias mientras que La Rioja no recibió el mismo tratamiento. Según sostienen las autoridades provinciales, la provincia cumplía con los requisitos necesarios para acceder a esa herramienta financiera, pero el pedido no fue atendido.
Ante este escenario y luego de múltiples gestiones sin resultados favorables, el Ejecutivo provincial decidió avanzar por la vía judicial para reclamar recursos que considera adeudados. De acuerdo con las estimaciones presentadas por el ministro, el monto en discusión supera ampliamente el billón de pesos, una cifra que, según afirmó, corresponde a fondos que pertenecen a todos los habitantes de la provincia y no únicamente a la actual gestión gubernamental.
En medio de la controversia, Blanco también respondió a las críticas sobre la administración de los recursos provinciales y manifestó que las cuentas públicas están abiertas a cualquier revisión técnica que se considere necesaria. Al mismo tiempo, planteó que sería importante que el Gobierno nacional expusiera con el mismo nivel de detalle la información vinculada a los fondos recaudados y su posterior distribución.
De esta manera, el debate por la coparticipación, los recursos federales y el financiamiento de las provincias continúa ocupando un lugar central en la agenda política. Mientras La Rioja insiste en la existencia de una deuda millonaria y reclama una distribución más equitativa de los fondos, desde Nación sostienen una visión diferente sobre la situación financiera provincial. El conflicto, lejos de resolverse, parece encaminarse hacia nuevas instancias de discusión política y judicial.