La polémica desatada por la difusión de imágenes grabadas dentro de la Casa Rosada terminó perdiendo fuerza en los tribunales federales. La Justicia desestimó la denuncia impulsada desde el Gobierno nacional contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, al considerar que las filmaciones realizadas en los pasillos de la sede presidencial no constituyen ningún delito ni revelan información sensible vinculada a la seguridad del Estado.
La resolución fue firmada por el juez federal Ariel Lijo, quien coincidió con el dictamen previo del fiscal Gerardo Pollicita. Ambos concluyeron que las imágenes difundidas por el programa “¿Y ahora qué?” no vulneran secretos oficiales ni infringen la Ley de Inteligencia Nacional, tal como sostenía la presentación realizada por la Casa Militar.
El conflicto había escalado rápidamente luego de que se conocieran videos registrados mediante anteojos inteligentes utilizados por Salerno. A partir de esa publicación, el oficialismo reaccionó con dureza: suspendió acreditaciones periodísticas y ordenó el cierre de la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, en medio de acusaciones de supuesto espionaje y filtración de información sensible.
Sin embargo, en su fallo, Lijo remarcó que los espacios registrados en las grabaciones “ya son conocidos por el público en general” debido a que pueden observarse en material oficial difundido por la propia Presidencia, plataformas audiovisuales abiertas e incluso servicios de geolocalización digital. El magistrado sostuvo además que en los videos no aparecen sistemas de seguridad, movimientos de custodios ni áreas reservadas que pudieran comprometer la integridad presidencial.
La denuncia había sido impulsada por el titular de la Casa Militar, Sebastián Ignacio Ibáñez, quien argumentó que las imágenes podían exponer puntos vulnerables de la seguridad presidencial en un contexto internacional marcado por tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel.
Pese al rechazo judicial de la acusación, Ibáñez recibió posteriormente un ascenso impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa Luis Petri, quienes enviaron al Senado el pliego correspondiente para promoverlo dentro de la estructura militar.
El fallo judicial volvió a abrir el debate sobre los límites entre seguridad institucional y libertad de prensa, en un escenario donde las medidas adoptadas por el Gobierno habían despertado fuertes cuestionamientos desde distintos sectores periodísticos y políticos.