La situación judicial de José Luis Espert sumó un nuevo capítulo luego de que la fiscalía federal solicitara que el exdiputado sea llamado a declaración indagatoria en una causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas al origen de fondos y movimientos económicos bajo sospecha.

El pedido fue presentado por la fiscalía a cargo de Fernando Domínguez y se fundamenta en un peritaje oficial que habría determinado que el contrato utilizado por Espert para justificar la procedencia de 200 mil dólares no sería auténtico. Ese documento era la principal explicación ofrecida por el dirigente para sostener que el dinero correspondía a un supuesto trabajo de asesoramiento realizado para una empresa extranjera.

Según el análisis realizado por especialistas, las firmas del contrato no coincidirían con las personas que figuraban como responsables del acuerdo. Además, el informe técnico habría señalado que el documento fue elaborado y firmado después de un operativo judicial en el domicilio del exlegislador, donde se habían encontrado los dólares en efectivo.

La investigación comenzó a partir de movimientos financieros que despertaron sospechas y derivó en una serie de medidas judiciales. La fiscalía considera que la explicación presentada para justificar esos fondos quedó debilitada tras el resultado del peritaje, y por ese motivo pidió avanzar con una instancia formal de declaración ante la Justicia.

En paralelo, la acusación contra Espert fue ampliada. A la investigación inicial por presunto enriquecimiento ilícito se incorporaron nuevos cargos relacionados con la posible falsificación de documentación privada y una eventual maniobra destinada a obstaculizar el avance judicial.

Ahora será el juez federal interviniente quien deberá definir si acepta el pedido de la fiscalía y establece una fecha para que el dirigente brinde explicaciones.

Dentro del expediente también se sumaron testimonios que buscan reconstruir cómo se habrían realizado determinados movimientos de dinero. Algunas declaraciones mencionan transferencias en pesos realizadas por distintas personas luego de operaciones con efectivo, una situación que forma parte del análisis de los investigadores para determinar si existió un circuito irregular.

La defensa de Espert sostiene que los fondos tenían un origen legítimo y que estaban vinculados a actividades profesionales y contratos de asesoramiento con empresas del exterior. Sin embargo, desde la fiscalía consideran que las nuevas pruebas incorporadas modifican el escenario y ponen en duda esa versión.

El caso continúa avanzando y mantiene bajo atención el futuro judicial del exdiputado, mientras la Justicia analiza documentación, peritajes y testimonios para establecer si existieron delitos económicos o si los fondos investigados cuentan con una explicación válida.